El pasado viernes 02 de septiembre el presidente Nicolás Maduro se encontraba en la isla de Margarita, donde anunció que realizaría una cadena de radio y televisión desde la urbanización Villa Rosa del Municipio García, un territorio en donde había obtenido el 52% de los votos en el año 2013. El primer mandatario hizo un mal cálculo, hacer un acto proselitista en una región particularmente castigada por la escasez y la crisis en los servicios básicos, que hacían parecer muy lejos los tiempos del entusiasmo de su gente por el llamado “proceso”. La motivación del acto tampoco fue la mejor. El presidente anunciaba, con bombos y platillos que estaba “inaugurando” un conjunto habitacional que tenía más de 20 años de haberse construido, y que siendo sinceros había sido pintado por la Misión Barrio Nuevo Tricolor. Ante la combinación de los dos elementos anteriores, las cacerolas no se hicieron esperar, aumentando cuando Maduro inició su caravana de salida del evento. Inexplicablemente, el primer mandatario se bajó del automóvil oficial y se enfrentó a quienes le repicaban ollas y sartenes. Aunque los diferentes videos que circularon no lo muestran con claridad, diferentes testimonios sostienen que Maduro y compañía maltrataron a quienes encontraron a su paso.
La respuesta del gobierno ha sido rabiosa, allanando viviendas, decomisando teléfonos celulares y deteniendo a adolescentes y hombres mayores de edad, a quienes acusó del supuesto delito de “intimidación pública”. En Caracas, altos voceros oficiales apoyan la represión argumentando que cacerolazos hechos con el fin de intimidar, debían ser penalizados con todo el peso de la ley. Algunos de estos funcionarios, precisamente, alentaron y participaron en cacerolazos similares, realizados contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, después del golpe de Estado de Hugo Chávez, año 1993. Aquellos cacerolazos eran emancipadores, según esta lógica, mientras estos son casi terroristas.
El sábado 3 de septiembre, en horas de la mañana cuando se dirigía a su programa de radio, es detenido el ciudadano Braulio Jatar, director del portal Reporte Confidencial, uno de quienes se hizo eco del hecho noticioso de un cacerolazo, literalmente, en las narices del presidente. Jatar es señalado por el delito de “legitimación de capitales”, pues según la versión oficial transportaba la suma de 20 mil dólares en efectivo. El periodista es incomunicado, sin poder tener contacto con sus abogados y familiares.
El caso Jatar y Villa Rosa forma parte de una ofensiva represiva del gobierno de Nicolás Maduro ante el aumento del descontento en su contra. Días antes había ocurrido una segunda detención emblemática, esta vez contra el antiguo dirigente estudiantil Yon Goicoechea. El 29 de agosto de 2016, aproximadamente a las 9:30 a.m. fue interceptado vehículos sin identificación en la autopista de Prados del Este de Caracas. Se bajaron varios sujetos armados, que no se encontraban uniformados, y lo obligaron a ingresar en su vehículo. Dicha detención fue practicada sin que mediara una orden judicial de detención, por lo que se presumió en principio que se trataba de un secuestro.
Transcurridas las primeras 55 horas de la detención, familiares y abogados desconocían su paradero, incomunicado como Jatar. Goicoechea fue finalmente presentado ante una autoridad judicial, en fecha 31 de agosto de 2016 en horas de la noche, momento en el cual, por vez primera su defensa legal y esposa pudo tener contacto y saber dónde se encontraba.
Culminada la audiencia a las 07 de la noche del 02 de septiembre de 2016, Goicoechea fue trasladado a la sede del SEBIN Helicoide, Caracas, y desde entonces hasta el momento en que esta columna se escribe lo han mantenido incomunicado de sus familiares y defensa legal, manteniéndole prohibida las visitas. Tanto sus familiares como su defensa legal, han denunciado que Yon Goicoechea padece de problemas crónicos de la tensión, por lo cual requiere medicamentos de uso diario y regular, que desconocen si están siendo provistos por las autoridades. Asimismo, fueron denunciadas las características de su celda (un espacio de 2 x 1.5 metros, aproximadamente; sin la higiene necesaria; con restricciones de uso del baño; sin posibilidad de acceso a luz solar; sin posibilidad de hablar con otros internos), las cuales incumplen los estándares internacionales sobre el trato a los privados de libertad, una situación que bien conoce el universo de presos en el país. Según la versión oficial el antiguo dirigente universitario fue aprehendido con materiales explosivos, los cuales eran parte de un plan que supuestamente iba a perpetrarse el pasado 01 de septiembre.
Goicoechea y Jatar se suman a la lista de personas privadas de libertad por razones políticas en el país. Ante la ausencia de una justicia independiente, la violación del debido proceso, con organismos de investigación viciados y ante la omisión de la Defensoría del Pueblo, ambas personas ejemplifican la situación de no democracia, crisis económica y social agravada por el gobierno de Nicolás Maduro. Libertad para Braulio y para Yon.
(*) Coordinador General de Provea
