El pasado 04 de marzo 33 organizaciones regionales suscribimos una carta al Secretario General de UNASUR, en donde le expresamos satisfacción acerca de su intención de mediar en el conflicto venezolano y generar condiciones para un diálogo democrático.
En el texto se afirmaba: “Esperamos que la anunciada Misión de UNASUR pueda contribuir para el pleno respeto de los derechos humanos y el restablecimiento del diálogo entre los actores políticos y las fuerzas sociales venezolanas”. Las iniciativas adherentes le realizamos a UNASUR una serie de recomendaciones:
1) Realice un llamado público y enfático por el pleno respeto de los derechos humanos y la reanudación del diálogo.
2) Se reúna con los diferentes actores políticos y fuerzas sociales venezolanas durante su estadía en el país.
3) Presente, después de la conclusión de la visita, una lista de recomendaciones concretas y públicas seguidas de un Plan de Trabajo con acciones que UNASUR hará seguimiento y que deben cumplirse hasta las próximas elecciones parlamentarias que se celebrarán próximamente en el país. La publicación de las recomendaciones y acciones establecidas en el Plan traerá legitimidad tanto al trabajo de UNASUR como permitirá que la sociedad civil venezolana y de la región puedan monitorear objetivamente el trabajo de mediación de la entidad y colaborar con los esfuerzos empleados.
Para el plan público de trabajo sugerido, las organizaciones propusimos una serie de puntos a ser incorporados. El primero de ellos la garantía del derecho de manifestación, incluyendo la prohibición del uso abusivo de la fuerza. Las ONGs fueron claras en pedir que la misión de Cancilleres de UNASUR debe solicitar una revisión de la resolución del Ministerio del Poder Popular para la Defensa No 86103 de Enero de 2015 que autoriza la actuación de las Fuerzas Armadas de Venezuela en las protestas.
Una segunda dimensión es el fin de las detenciones arbitrarias y del uso abusivo de la llamada “prisión preventiva”, liberando a las personas encarceladas injustamente. Seguidamente, sobre las condiciones que permiten la impunidad estructural en el país, se solicitaron medidas para fortalecer la independencia del poder judicial. “Los países comprometidos con el Estado Democrático de Derecho reconocen en la independencia judicial uno de los pilares de los derechos humanos. Por lo tanto, los Cancilleres de la misión UNASUR deberían dar prioridad a esta cuestión durante su visita e incluir nuevas medidas en este frente” se aseguró.
Otro aspecto es el relativo al papel de la Defensoría del Pueblo, instando a esta institución en desempeñar el papel de mediador y garante de los derechos humanos sin discriminación para todas las personas, tal como se define en la Constitución venezolana.
Por último, la cooperación con los sistemas regionales e internacionales de derechos humanos: “La Misión de la UNASUR debería llamar al gobierno venezolano para que este permita la entrada de los Relatores Especiales del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas que tienen solicitudes de visita pendientes al país. Otro compromiso que UNASUR debería mediar con Venezuela es su regreso a la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Venezuela se retiró del principal instrumento jurídico en la región en septiembre de 2012, dejando a los venezolanos y venezolanas sin acceso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos”.
Esta comunicación fue motorizada por la organización brasilera Conectas con el apoyo de Provea. Si se considera el contenido de la misiva con el difundido por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) de Argentina, preocupada por el incremento de la represión y los efectos de la resolución Padrino López del ministerio de la Defensa, podemos afirmar que las organizaciones de derechos humanos más importantes de la región han elevado, sin ambigüedades ya, sus preocupaciones por el deterioro de la situación de derechos humanos bajo el gobierno de Nicolás Maduro.
En opinión de Provea la mirada internacional sobre Venezuela es clave en los actuales momentos de crispación. El Ejecutivo Nacional es incapaz de generar por sí mismo las condiciones para el necesario diálogo democrático. Ante la negación de utilizar un lenguaje de respeto, emitir mensajes sobre el respeto de los derechos consagrados en la Constitución, el reconocimiento de la legitimidad de las demandas de sus adversarios políticos y la criminalización de la protesta y la disidencia, el presidente Maduro ha profundizado el desvío autoritario como respuesta ante la crisis.
Las organizaciones de derechos humanos siempre hemos cuestionado cualquier salida de naturaleza extraconstitucional ante las demandas ciudadanas. El fortalecimiento de los mecanismos democráticos y los derechos consagrados en la Carta Magna pasan por establecer los canales para la expresión y participación, sin ningún tipo de discriminación, de todos los actores sociales. La situación del país es delicada, pues la mezcla entre diatribas políticas con crisis económica ha sido, históricamente, fuente de alta conflictividad. Los cancilleres de UNASUR, entonces, tienen la palabra.
(*) Coordinador General de Provea
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@fanzinero
