El pasado 11 de febrero alrededor de 200 trabajadores y activistas sindicales marcharon en la ciudad de Valencia para rechazar la ola de despidos masivos, tanto en las entidades públicas y privadas, que a pesar del decreto de inamovilidad laboral aqueja a la región. La movilización, la primera del año 2015 con un contenido exclusivamente social porque también se rechazó la aplicación del paquete de medidas económicas y se pidió un aumento de salarios acorde a la inflación, fue significativa por varias razones, que pasaremos a comentar.
Así lo reseñó el sitio web de Provea: “Que la crisis la paguen los corruptos, no los trabajadores”, “No a los despidos, reenganche ya”. Con estas, y otras consignas, trabajadores de las empresas Filtros Wix, Petrocasa, Chrysler de Venezuela, General Motors, Ajeven, Pirelli y Ford, acompañados por representantes de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo y sindicalistas de la Misión Barrio Adentro, marcharon el pasado 11 de febrero en Valencia, para rechazar la ola de despidos masivos que se han producido en empresas públicas y privadas de la entidad, y que según denuncian, se han realizado con la “complicidad” de la Inspectoría del Trabajo.
La movilización que partió a las 9:00 de la mañana desde el sector La Espiga de Oro, contó con una nutrida participación de trabajadores activos y despedidos, quienes a lo largo del recorrido gritaron consignas para condenar lo que calificaron como una política antiobrera “que intenta poner en hombros de los más pobres todo el peso de la crisis”.
La primera es el proceso, lento pero irreversible, de despolarización por debajo, desde la propia gente. En Carabobo reposan 6.200 calificaciones de despido en la Inspectoría del Trabajo. Hasta ahora se han materializado más de 1.000 despidos entre los que se contabilizan 529 en la empresa General Motors y 275 en la empresa Ford. Pero no sólo la situación aqueja a la empresa privada.
En la marcha estuvieron representantes de Petrocasa y de la Misión Madres del Barrio para denunciar la desincorporación forzosa de un grupo de trabajadores de ambos organismos. Que hayan coordinado una actividad juntos, en base a una serie de demandas comunes, refleja una situación que puede encontrarse, para el ojo curioso, en diferentes sectores de la sociedad venezolana: el encuentro en base a problemas que los afectan por igual, independientemente de las opiniones políticas, que en una sociedad democrática siempre serán diversas y divergentes.
Actualmente la despolarización se ha convertido en un elemento tan preocupante, que algunos asesores oficiales recomiendan abiertamente volver a vigorizar el maniqueísmo que ha protagonizado el escenario nacional, de cara a las próximas elecciones.
El segundo elemento es que sólo la organización popular independiente es garantía del disfrute de derechos. A pesar de las políticas de hostigamiento al sindicalismo independiente, la creación de estructuras paralelas y la criminalización de diferentes mecanismos de lucha, un sector de los trabajadores del país continúa confiando en que es la organización gremial la herramienta para el disfrute de sus derechos laborales. Una organización que tiene la capacidad para autoconvocarse cuando la ocasión lo amerite, que discute y defiende una agenda de reivindicaciones eminentemente laboral -a pesar de la filiación político-partidista de los miembros del sindicato- y que es refractaria a las presiones cupulares para priorizar temas diferentes a los problemas de los trabajadores y trabajadoras.
Durante el trayecto, bajo el sol valenciano, la actividad tenía un nivel de organización dado por ellos mismos: personas encargadas de la seguridad, otros repartiendo volantes y publicaciones, la vocería por los parlantes, etc.
La tercera cuestión es la defensa, por la vía de los hechos, del legítimo derecho a la manifestación pacífica. Rehuyendo del chantaje oficial que califica a cualquier protesta de “guarimba”, los trabajadores usaron uno de sus mecanismos históricos, como lo es la movilización de calle, para la presión por sus derechos. La manifestación en sí misma era una respuesta a la política de criminalización de la protesta promovida por el gobierno nacional, en donde una serie de subterfugios legales intentan inhibir a la ciudadanía de ejercer su derecho a la manifestación pacífica. Al estar en la calle los trabajadores recordaron que derecho que no se defiende es derecho que se pierde.
Los organizadores anunciaron nuevas movilizaciones y actividades en los próximos días, entre las iniciativas destaca la realización de un encuentro regional de trabajadores el próximo 7 de marzo en Valencia, donde continuarán caminando la lenta pero esperanzadora ruta de la recomposición de la autonomía de las organizaciones sindicales. Tenemos mucho qué aprender y replicar de lo que está pasando, ahora mismo, en el centro del país.
