Como ha sido difundido por los medios de comunicación el pasado 12 de noviembre Venezuela ingresó al Consejo de Derechos Humanos dela ONU. Venezuela obtuvo la menor votación entre los países de grupos en los que no había competencia por los puestos disponibles, es decir, aquellos grupos en los que la cantidad de candidatos era igual al número de vacantes. Para ingresar a este órgano de carácter político, los estados deben elaborar un documento en el que se recogen sus promesas y compromisos voluntarios de conformidad con la resolución 60/251 dela Asamblea General, siguiendo las directrices que al respecto ha desarrollado la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos dela ONU .Esa promoción y esa protección inherentes al nuevo rol deben empezar por casa. En tal sentido, el gobierno y las instituciones tienen una gran responsabilidad por delante. La primera de ellas es realizar esfuerzos serios por superar el déficit existente en materia de derechos humanos en el país. Ello requiere unir iniciativas, esfuerzos y recursos para atender situaciones tales como la crisis carcelaria, la creciente inseguridad y las malas prácticas policiales para nombrar solo tres.
Desde Provea hemos saludado positivamente el ingreso del país en dicha instancia, debido a que significa para el país más compromisos en materia de protección y garantía a los derechos humanos. En este sentido y en coherencia con los propósitos del propio Consejo de Derechos Humanos y con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, Provea ha exhortado al Estado venezolano a la ratificación del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). De esta manera se uniría a países como Argentina, Ecuador, Salvador y Bolivia que ya dieron el paso positivo de su ratificación. Ser parte del Protocolo Facultativo del PIDESC representaría una muestra tangible del compromiso frente a la comunidad internacional de respeto a la indivisibilidad, universalidad e interdependencia de todos los derechos humanos en amparo de las y los ciudadanos de cada Estado, además de ser un cuerpo normativo más que regule la actuación del Estado frente a los derechos sociales.
Provea ha exhortado igualmente al gobierno venezolano a cumplir con los compromisos asumidos en el marco del Examen Periódico Universal. Su presencia en el Consejo la obliga no sólo a monitorear el cumplimiento de las obligaciones en derechos humanos del resto de países integrantes dela ONU, sino a cumplir de manera ejemplar con el compromiso de desarrollar políticas públicas que permitan superar los déficit existentes en materia de derechos humanos en el país.
Una demostración concreta de voluntad de cumplir con su nuevo rol y los mandatos del Consejo de Derechos Humanos es que el gobierno permita la visita al país de los distintos relatores de Naciones Unidas tales como el relator sobre el derecho a la alimentación, vivienda adecuada, educación, Salud, contra la tortura, libertad de expresión, situación de defensores de derechos humanos, derechos de niños y niñas, libertad de reunión y asociación, ejecuciones extrajudiciales, entre otros. Hay que recordar que el Ejecutivo Nacional se ha negado reiteradamente a invitarlos, requisito previo para que puedan verificar la situación en derechos humanos dentro del país.
Asimismo, Provea ha exigido al Estado que reconsidere la decisión de denunciarla Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues esta acción es totalmente incoherente con el hecho de haber asumido el compromiso de ejercer la labor de supervisión internacional en materia de derechos humanos y de ser promotora de los derechos humanos. En consecuencia, el Estado debe acatar las recomendaciones y sentencias de los órganos internacionales de protección, como la Comisión y la Corte de Derechos Humanos, como lo expresa nuestra constitución.
Provea ha expresado que uno de los mandatos del Consejo de Derechos Humanos es el diálogo franco de los Estados con la sociedad civil y particularmente con las organizaciones promotores y defensoras de los derechos humanos. En el marco del Examen Periódico Universal países como Brasil, Uruguay y Noruega, exhortaron al gobierno a promover dicho diálogo. Por lo tanto, un acto coherente con ese mandato es que el gobierno rectifique su conducta de descalificar a las organizaciones y activistas de derechos humanos y por el contrario abra espacios para el diálogo y trabajo conjunto en distintas situaciones y temas de derechos humanos, particularmente la elaboración de un Plan Nacional de Derechos Humanos. Por tanto, el continuar con los ataques y criminalización de defensores a los derechos humanos, como hemos visto en la última semana por parte de altos funcionarios contra Humberto Prado y Carlos Nieto, entre otros, por su trabajo en defensa de las personas privadas de libertad, ya no tendría ningún justificativo.
(*) Coordinador del Programa de Investigación en DDHH
www.derechos.org.ve
investigació[email protected]
@fanzinero
