Sin los saldos que algunas voces agoreras pronosticaban, terminó el proceso del Examen Periódico Universal (EPU) para Venezuela, un mecanismo de diálogo entre los Estados, creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), para revisar el grado de cumplimiento de los países en sus obligaciones en la materia. 148 recomendaciones al Estado venezolano fueron realizadas por sus pares, de las cuales 95 fueron aceptadas y, como informaron los voceros gubernamentales, 75 de estas se encuentran en ejecución. Por su parte, 38 fueron rechazadas. Como lo explicó Calixto Avila en un artículo, las recomendaciones del Consejo no tienen carácter obligatorio, sin embargo son vinculantes, pues comprometen al Estado venezolano cuando son aceptadas. Dentro de cuatro años se evaluaría al país en base a la evolución y cumplimiento progresivo de las mismas.
Recientemente, en una rueda de prensa, la fiscal general Luisa Ortega Díaz -quien fue parte de la delegación gubernamental durante el EPU- declaró que las recomendaciones que habían sido rechazadas, lo fueron porque habían sido postuladas “con mala intención”. Seguidamente, la funcionaria afirmó que a nivel internacional “había un ataque permanente al Estado venezolano”. ¿Cuáles fueron estas recomendaciones realizadas, a juicio de la funcionaria, pícaramente?
Suiza exhortó que en el país se tomaran las medidas necesarias para implementar el Programa de Naciones Unidas sobre Control de Armas Pequeñas y Armas Ligeras y revisar la legislación nacional en esta materia para reducir la tasa de homicidios. Rechazada. Lo particular es que miembros de la Comisión Presidencial para el Desarme también eran parte de la delegación estatal, y algunas de sus iniciativas intentan encaminarse hacia esa dirección.
Por su parte la República Checa sugirió participar activamente en la lucha contra el abuso de poder de fuerzas de seguridad. Negado. En el marco de la democracia participativa y protagónica sería interesante escuchar las opiniones de los Comités de Víctimas de abuso policial, diseminados en varios sitios del país, sobre esta recomendación.
Eslovenia recomendó “tomar todas las medidas necesarias para eliminar la violencia contra la mujer, asegurando que los autores de esa violencia sean enjuiciados y castigados, así como la abolición de las actitudes estereotipadas y modelos de comportamiento patriarcales que socavan los derechos de las mujeres”. Refutada, a pesar de todas las movilizaciones de las organizaciones de mujeres afectas o no al proceso.
8 países coincidieron en sugerir el reforzamiento de la independencia del poder judicial y poner fin a la provisionalidad de los nombramientos judiciales. Tampoco. Francia aconsejó apoyar el trabajo a los defensores de derechos humanos, generar el ambiente en el que puedan trabajar libremente y tomar medidas para luchar contra la impunidad de los autores de agresiones y amenazas. Nanai.
Indonesia solicitó intensificar sus esfuerzos por garantizar la libertad de expresión así como la seguridad de los periodistas en el país. No aceptada. Australia el garantizar acceso oportuno y efectivo a la información gubernamental. Rebatida. Bélgica pidió, nada menos, que cumplir la Constitución acatando los fallos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
Precisamente ha sido este último aspecto el que ha originado la protesta del Gobierno venezolano por considerarla “contraria contra la soberanía del país”, pues el último fallo de la CIDH tiene que ver con el polémico caso de la inhabilitación de Leopoldo López. La Sala Constitucional del TSJ declaró “inejecutable” la sentencia, en medio de los ataques que intentan desnaturalizar los mecanismos internacionales de protección a los derechos humanos. Esta negativa representa un golpe a la Constitución, la cual establece en su artículo 23 que los tratados, pactos y convenciones sobre derechos humanos tienen jerarquía internacional y prevalecen en el orden interno. Aquí hay que recordar que la Convención Americana sobre DDHH establece que los fallos de la CIDH son inapelables y deben ser ejecutadas por los Estados. El debate no es si uno simpatiza o no con Leopoldo López, sino el hecho que la postura del gobierno venezolano resta posibilidades a todos y todas las habitantes del país para defender sus derechos. Hay que recordar que otras sentencias de la CIDH favorables a las víctimas de escasos recursos, como en los casos de la Masacre de El Amparo y el Caracazo, también serían, según esta lógica, condenadas a mantenerse en impunidad.
Lo particular de todo el ataque al sistema internacional de protección a los derechos humanos, a los que acuden a ella y a la propia Constitución, es que al coro criminalizador se han sumado antiguos activistas de derechos humanos. Andrés Cañizales, funcionario del Ministerio del Interior y Justicia, declaró recientemente que “estas organizaciones -las ONG- defienden determinados intereses. No reconocen que están defendiendo los intereses de una clase y para ello usan el discurso de los DD HH que les sirve para disfrazar su discurso reaccionario con un discurso universal”. Tan cerca del poder, tan lejos de los derechos humanos.
