En el año 2008 me postulé al “VI Curso Sociedad Civil y Derechos Humanos” del Instituto Interamericano de Derechos Humanos (IIDH) adscrito a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte-IDH), con sede en San José, Costa Rica.
Sólo podían concursar activistas de países que habían suscrito el «Pacto de San José», presentando una experiencia en materia de DDHH económicos, sociales y culturales (DESC); específicamente en los ámbitos laboral, salud o educación.
Por fortuna, ese año fuimos seleccionados por Venezuela la compañera Juderkys Aguilar de la ONG PROVEA (Derecho a la Salud, caso Hospital «La Ovallera») y mi persona (Derecho fundamental a la Convención Colectiva, caso Sintrainces).
La experiencia fue excepcional para conocer el Sistema Interamericano de Protección y demás mecanismos internacionales, intercambiar buenas prácticas con defensores de DDHH de la región y aportar en las acciones de justiciabilidad del movimiento de los trabajadores (as) en el país.
Sin embargo, esta experiencia está condenada a no repetirse para otros venezolanos (as).
Desde el martes 10 de Septiembre de 2013, Venezuela se retira de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) al haber denunciado la Convención Americana de Derechos Humanos, tratado internacional conocido como «El Pacto de San José», y que la República suscribió en 1969.
En pocas palabras, las violaciones a Derechos Humanos que sucedan con posterioridad a esa fecha no podrán ser juzgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por lo que las víctimas vulneradas por el Estado y que no obtuvieron justicia en la jurisdicción venezolana, no podrán acudir a esa instancia internacional independiente.
Casos como la masacre de «El Amparo», «El Caracazo», las desapariciones forzadas en la «Tragedia de Vargas», los ajusticiamientos en el «Retén de Catia», entre otros, han sido sentenciados por la Corte a favor de las víctimas, obteniendo indemnización y reconocimiento del daño sufrido.
No obstante, el Canciller venezolano, Elías Jaua (quien por cierto fue Presidente del Inces en el 2006, año de la creación de Sintrainces), sostuvo en el encuentro del Consejo Político del ALBA, que «No somos nosotros los que tenemos que rectificar, como piden algunas organizaciones de derechos humanos, es la CIDH y el sistema interamericano de derechos, la que tiene que rectificar y ponerse al servicio de los derechos humanos de los pueblos.»
El gobierno fundamenta su posición de retirarse tras un fallo a favor del ciudadano Raúl Díaz Peña, quien fue acusado de terrorista por participar en dos atentados con bombas contra la Embajada de Colombia y el Consulado español en Caracas.
Raúl Díaz Peña, permaneció varios años detenido en los calabozos de la policía política (Sebin) en condiciones no adecuadas y luego denunció tratos inhumanos y degradantes ante el Sistema Interamericano que ordenó su indemnización.
En ese entonces, el Presidente Hugo Chávez declaró que “Venezuela se retira de la CIDH por dignidad y la acusamos ante el mundo de ser indigna de llevar ese nombre de ‘derechos humanos’, apoyando el terrorismo. Todo esto es una gran manipulación política, es una agresión contra nosotros por atrevernos a ser libres.»
En todo caso, la medida entra en contradicción con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela en sus artículos 19, 23, 31 y 339, así como el 155 del Código Penal.
Por otro lado, se insinúa que el sistema interamericano está al servicio del «imperio», pero irónicamente Estados Unidos también se encuentra fuera de la jurisdicción de la Corte IDH porque se ha negado a firmar la Convención, lo que pone a ambos países en la misma condición.
Nunca antes ningún gobierno venezolano había retirado a la República de un tratado de Derechos Humanos. En suramérica ni siquiera los «derechistas» Álvaro Úribe y Alberto Fujimori se atrevieron a hacerlo, por lo que resalta que la iniciativa venga de un gobierno «progresista».
Las organizaciones sociales y de derechos humanos en Venezuela y sus activistas rechazamos los actos terroristas, pero se hace necesario sopesar si la indignación del actual gobierno por el caso Díaz Peña pesa más que la impunidad que pueda acarrear la salida de Venezuela de la CorteIDH.
Preocupa que se impida a las víctimas de violaciones de Derechos Humanos, y en especial a los más pobres, acudir al sistema interamericano de protección con el fin de alcanzar la justicia que en su propio país les pudiera ser negada. (Publicado en Cuentos de Camino, 09.08.13)
