Organizaciones no gubernamentales de Venezuela presentaron diversos informes en el marco del Examen Periódico Universal que le corresponde al país presentar. Es un mecanismo extra convencional (no deriva de un tratado o convención), creado por el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), mediante el cual los estados rinden cuentas ante la comunidad internacional sobre la situación de los derechos humanos en su territorio. El 7 de octubre de 2011 se realizará la sesión de preguntas e intercambio entre la Organización de Naciones Unidas y la delegación oficial del Estado venezolano, en la sede de la ONU, en Ginebra.
Cofavic en el marco de este examen, realizó un balance sobre violaciones a los derechos a la vida, la integridad personal y la libertad en el contexto de las actuaciones de los grupos parapoliciales en Venezuela.
En este sentido, la organización señaló que según cifras oficiales unas ocho mil personas, en los últimos 9 años, han sido víctimas de ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos parapoliciales. Esto se ha generado, producto principalmente del déficit institucional, los altos niveles de corrupción, desprofesionalización de las organizaciones policiales y la impunidad. Como consecuencia, en los últimos cuatro años esta situación se ha generalizado y ya posee un alcance nacional. La impunidad y las limitaciones al acceso a la justicia son estructurales en Venezuela y afectan a todas las víctimas de violaciones de derechos humanos.
Algunas víctimas resultan asesinadas en la misma oportunidad, como ocurrió inicialmente en el caso de la familia Mendoza, en Portuguesa, o de forma progresiva diversos integrantes del núcleo familiar son asesinados, como en el caso de la familia Barrios, en Aragua. En otros casos las víctimas son detenidas ilegal y arbitrariamente y sufrieron violaciones directas a su derecho a la integridad personal.
Las denunciantes de los casos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por grupos parapoliciales, por lo general son mujeres. Entre ellas madres, hermanas, esposas o hijas de las víctimas. Por ello, desde Cofavic, ha señalado una creciente feminización de la impunidad que deja efectos muy profundos en los proyectos de vida de estas mujeres, afectando su salud física y mental y sus relaciones intrafamiliares.
De igual forma, según cifras del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), en Venezuela se registraron “19.133 asesinatos en 2009, lo que ubica la tasa de homicidios del país en “75 por cada 100.000 habitantes”.
Es de resaltar que en un estudio sobre Victimización y percepción de Seguridad Ciudadana 2009, realizado por el INE, entre los resultados obtenidos está que el 43,75% de las personas que no denunciaron delitos y violaciones de derechos humanos, afirman que no lo hicieron porque saben o creen que la policía participó en los delitos cometidos. De esta misma manera, se indica que en 74,13% se demuestra que la policía en los encuentros con los ciudadanos no actúa con profesionalismo y en el 16,3% de los casos actúa con violencia. En el 83,15% los ciudadanos estiman que la policía no les presta atención y en el 95,86% valoran que no actúa con prontitud.
Cofavic expresó su preocupación relacionada con la existencia de normas en la Constitución, como lo consagrado en el artículo 328, que permite la participación de las fuerzas militares en el mantenimiento del orden interno de Venezuela. Y en igual sentido, el artículo 20 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación dispone la cooperación de las Fuerzas Armadas en el mantenimiento del orden interno. Cofavic considera que en un sistema democrático es fundamental la separación clara y precisa entre la seguridad interior como función de la Policía y la defensa nacional como función de las Fuerzas Armadas.
EPU oficial
El Estado venezolano envió a la Organización de Naciones Unidas su informe oficial sobre la situación de derechos humanos en el país, en el cual afirmó: “La seguridad ciudadana, constituye uno de los valores superiores de la calidad de vida de los venezolanos y garantizarla es una función indeclinable del Estado”. El Estado venezolano indicó en el informe presentado, que en el 2006 se creó la Comisión Nacional para la Reforma Policial (Conarepol), la cual tuvo por mandato la construcción de un nuevo modelo policial. También señala la creación de la Universidad Experimental de la Seguridad (UNES), con 4.222 funcionarios policiales egresados.
Por otro lado, el Estado menciona la creación del Dispositivo Bicentenario de Seguridad Ciudadana (Dibise), con la participación de funcionarios policiales nacionales, estadales y locales, así como de las comunidades, con la integración de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a las labores de seguridad ciudadana.
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