Todo se desarrollaba normalmente el pasado domingo en las instalaciones del Internado Judicial Capital Rodeo I, con el día de visita familiar, cuando de pronto, entre los internos recluidos en el área de la Torre y los internos que están en el área del anexo, se presentó un enfrentamiento que se extendió durante toda la noche y que trajo como resultado preliminar un saldo de 3 reclusos muertos y 27 heridos.
Situación ocurrida sin que las autoridades pudieran ingresar a las instalaciones para verificar las condiciones de los internos, detener la situación y socorrer debidamente a los reclusos lesionados.
Sobre esto, el ministro ha dado como información preliminar un número mayor de fallecidos 10 reclusos, situación más alarmante aún ya que a pesar de que se encuentra bajo Medidas Provisionales de Protección emitidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, desde el 8 de febrero de 2008, que establecen «Requerir al Estado que adopte las medidas provisionales que sean necesarias para proteger la vida e integridad personal de todas las personas privadas de libertad en el Internado Judicial Capital El Rodeo I y El Rodeo II.
En particular para evitar heridas y muertes violentas», siguen sucediendo hechos que atentan de manera directa contra los derechos a la vida e integridad física de todas las personas recluidas en este establecimiento carcelario.
Igualmente, los medios de comunicación han reseñado de manera extraoficial que esta cifra es aún mayor 19 reclusos muertos y más de 50 heridos, lo que significaría una verdadera carnicería, una guerra civil no declarada, donde las autoridades quedaron sólo para recoger los reclusos muertos y no para garantizar su integridad y brindarle los servicios para reinserción social.
Además, estos nuevos hechos revelan el desastre que existe en nuestro sistema penitenciario, mientras las autoridades se empeñan en hablar de humanización, la realidad revela que los presos viven un infierno, donde la vida no vale nada, donde ellos tienen un 40% de probabilidades de morir más que en libertad.
Estas barbaridades no se pueden seguir aceptando, y el Estado debe declarar una Emergencia Judicial Penitenciaria, para enfrentar los retardos procesales, el hacinamiento, que son problemas estructurales, que de no darse, de nada valdrá otra acción para hacer frente a la grave situación que genera la violencia. Por todo ello llamamos a los organismos del Estado a dar la cara, pero no evadiendo las responsabilidades sino solucionando el problema estructural del Sistema.
El Internado Judicial Región Capital Rodeo I es un establecimiento construido para albergar 750 internos y su población actual es de 3.600, de los cuales 2.850 internos se encuentran durmiendo en el piso, en las escaleras, pasillos anegados, y no hay acciones contundentes, lo que representa un 380% de hacinamiento.
Humberto Prado
Director del Observatorio Venezolano de Prisiones
Fuente: Tal Cual 16.06.2011
