Debido al colapso de los precios del petróleo, el Gobierno de Venezuela se ha declarado en una búsqueda intensiva de divisas que permitan compensar el descalabro de la renta petrolera…
Con ese fin, el presidente de la República, Nicolás Maduro, firmó el decreto para cuantificar y certificar las reservas mineras contenidas en el Arco Minero del Orinoco.
En un encuentro con 150 empresas nacionales e internacionales de 35 países realizado en BCV, el Gobierno presentó las potencialidades para la extracción del oro, cobre, diamante, coltán, hierro, bauxita y otros minerales de alto valor industrial que subyacen en los 114 mil kilómetros cuadrados que conforman el Arco Minero, al margen del río Orinoco. Maduro invitó a los inversionistas y dio instrucciones para proceder de inmediato a la firma de memoranda de entendimiento con las empresas que estén dispuestas a incorporarse a la exploración y explotación del Arco Minero. Los cálculos más optimistas y generosos estiman que hay 7.000 toneladas de reserva de oro que —al precio actual de 1.100 dólares la onza— representan un potencial financiero superior a los 200 mil millones de dólares.
De hecho, se informó sobre la firma de un memorando de entendimiento entre la transnacional Gold Reserve Inc. y el Gobierno para la conformación de una empresa mixta para la exploración y explotación de oro. Este anuncio pone fin a una larga disputa en el CIADI que obligó a Venezuela a pagar una indemnización de más de 740 millones de dólares por haber revocado la concesión para la explotación del oro. Recordemos que el fallecido presidente Hugo Chávez tomó control de las concesiones de Gold Reserve en 2009 en el yacimiento Brisas del Cuyuní, que representa aproximadamente 3% de las reservas probadas con un estimado de 10,2 millones de onzas de oro.
Tras «un pleito y un conflicto que teníamos ahora somos socios para el ganar-ganar, para el desarrollo de un proyecto de más de 5.000 millones de dólares», dijo Maduro en un giro del discurso anticapitalista y antiimperialista que caracterizó a los principales líderes del Gobierno mientras los precios del petróleo estuvieron altos. Después de la ola de expropiaciones que alejó de Venezuela a los inversionistas extranjeros, el Ministro de Petróleo y Minería señaló que el acuerdo con Gold Reserve «demuestra al país la responsabilidad que tiene ante los inversionistas internacionales de resolver las discrepancias que hayan sucedido y no solo eso, sino que hemos convertido en un tremendo motor de inversión esa disputa porque hemos firmado también aquí el acuerdo de inversión por 5.000 millones de dólares».
La convocatoria a explotar el Arco Minero representa un cambio en el discurso oficial. Mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos y la renta petrolera fue abundante, el fallecido Presidente Chávez suspendió la explotación del oro y el carbón como soporte del discurso ambientalista y en defensa del planeta que desplegó en los principales foros internacionales y que quedó plasmado en el Objetivo 5 del Plan de la Patria. Chávez se opuso tajantemente a la explotación del carbón y el oro por considerarlas actividades muy depredadoras y altamente contaminantes. Pero al acabarse la bonanza petrolera más grande que haya disfrutado Venezuela en toda su historia y, al no ahorrar nada, —viéndose obligado Maduro a decretar la emergencia económica— queda claro que su sobrevivencia pasa por reconciliarse con las transnacionales mineras para que retomen e inviertan en los proyectos mineros que habían sido suspendidos por Chávez, al extremo incluso de «reactivar toda la producción de carbón».
El impacto ambiental del extractivismo minero
La actividad minera ha demostrado ser incompatible con los propósitos de proteger la naturaleza y la salud de los seres humanos. El extractivismo minero viene normalmente acompañado del deterioro de los recursos naturales de las áreas explotadas, la destrucción de la biodiversidad, la contaminación de fuentes de agua con productos químicos y la erosión de los suelos.
Los costos sociales y ambientales de la actividad minera suelen exceder los beneficios que genera para la sociedad en su conjunto, especialmente cuando se carece de una capacidad efectiva de vigilancia y control, y cuando dicha actividad genera solo beneficios marginales para la sociedad. Los principales beneficiarios suelen ser las empresas transnacionales autorizadas para la explotación, mientras que los costos sociales y ambientales suelen ser transferidos a toda la sociedad.
En la gran mayoría de los casos, se trata de actividades altamente destructivas de la naturaleza. En el caso del oro, los daños son causados por el uso de químicos sin protocolos de seguridad y control tales como el mercurio y el cianuro; en el caso de otros minerales por el enorme volumen de tierra que hay que remover y por los desechos tóxicos que la actividad extractiva genera.
En lugar de innovar otras formas para certificar las reservas y respaldar las reservas internacionales de oro sin tener que provocar el impacto ambiental que significa remover toneladas de tierra para obtener una onza de oro, el Gobierno retoma la cuestionada idea de extraer el oro y convertirlo en lingotes para monetizarlo y utilizarlo como reservas internacionales.
La alternativa no petrolera del Arco Minero: más extractivismo
Para verificar la vigencia que tiene el modelo extractivista-rentista en el mapa mental de las élites gobernantes de Venezuela, resulta pertinente comentar el «Plan Nacional de Desarrollo Minero», el cual se presenta como “la alternativa no petrolera”, cuando en esencia se trata de una manifestación más de la misma lógica extractivista, explotadora del ser humano y depredadora de la naturaleza.
En su contenido se plantea que “las potencialidades mineras con que cuenta el país, fundamentalmente en la Región Guayana, se convierten en una potencialidad estratégica para encaminar al país hacia la soberanía nacional, a la vez que permite sentar las bases para contribuir con el desarrollo económico y social de la Nación”.[1]
En Venezuela la principal riqueza minera se encuentra en el macizo guayanés, ubicado en su mayor extensión en el estado Bolívar, al sur de Venezuela; un área que ha sido históricamente el escenario de la extracción de hierro, bauxita, oro y diamantes, minerales metálicos y no metálicos, tanto por empresas nacionales, transnacionales y mineros ilegales o no permisados. Los planes del gobierno se orientan a la explotación intensiva de las potencialidades mineras (minerales metálicos y no metálicos) y sus lineamientos más importantes son los siguientes:
*Fortalecer la industria minera como parte del proceso de consolidación del aparato productivo nacional diversificando la economía, garantizando el incremento de las reservas internacionales, el abastecimiento de materias primas requeridas en los procesos medulares industriales.
*Fortalecer y ejecutar el plan de exploración geológica, cuantificación y certificación de reservas para el incremento del inventario de los recursos minerales de la Nación.
*Promover la conformación e instalación de la Comisión Interministerial Permanente para coordinar y facilitar el ejercicio de las competencias en materia ambiental, tributaria y de seguridad y defensa, relacionadas con la actividad minera.
*Aprovechar la diversidad de minerales metálicos y no metálicos, de carácter estratégico (oro, diamante, hierro, coltán, entre otros), con multiplicidad de usos para contribuir con el desarrollo de los sectores agrícola, minero, construcción, industria en general (aluminio, siderurgia, aeronáutica, naval, telecomunicaciones, automotriz, aeroespacial).
Las figuras planteadas para acometer los nuevos proyectos mineros, ahora bajo control estatal, son los Contratos de Alianzas Estratégicas y las Empresas Mixtas.
El extractivismo minero y la crisis eléctrica de Venezuela
Aunque la deficiencia del sistema nacional de energía se puso en evidencia desde el 2009 con el sostenido incremento de las interrupciones no programadas, los problemas de electricidad en Venezuela no han sido superados y su agravamiento está cada vez más asociado a la prolongación del extractivismo minero que sustenta un modelo de industrialización básica intensivo en el consumo de electricidad.
Hasta hace poco, Venezuela se vanaglorió de contar con un Sistema Eléctrico basado en la generación de hidroelectricidad, cuyo crecimiento permitía cerrar plantas termoeléctricas y liberar petróleo para exportar. Pero la dependencia de factores climatológicos difíciles de controlar reveló la vulnerabilidad de este modelo. El detonante fue la caída de la generación de energía eléctrica a raíz del fenómeno climático de El Niño que se hizo sentir en Venezuela en julio de 2009, y que ahora reaparece nuevamente con toda su fuerza. Este se expresó en una prolongada sequía que reduce el caudal de agua a los embalses de las plantas hidroeléctricas, que caen a niveles tan críticos que resulta imposible mover las turbinas para mantener la generación del sistema eléctrico nacional.
La gravedad de la crisis obligó a las empresas extractivas y procesadoras de hierro, bauxita y oro a reducir considerablemente su actividad. A su vez, el consumo de energía eléctrica residencial y comercial se atacó a través de programas y sanciones dirigidos a la población a fin de estimular el uso eficiente y el ahorro de electricidad. La extensión del problema a todo el territorio nacional condujo a decretar la situación de emergencia eléctrica nacional el 21 de diciembre de 2009. A partir de entonces, el país ha sufrido un largo calvario de frecuentes apagones no programados que afectan el normal desenvolvimiento de la actividad productiva y la vida en los hogares venezolanos. En estas circunstancias, cualquier proyecto productivo intensivo en el uso y consumo de electricidad, como es el caso de la extracción de minerales y su procesamiento, entrará en conflicto con las necesidades del consumo residencial y comercial. (Publicado en Contrapunto.com)
[1] Ver Plan de Desarrollo Minero y Plan de Desarrollo Económico y Social 2014-2020.
