Realizando una de esas actividades de incidencia que solemos hacer activistas de derechos humanos, estábamos en una reunión dentro del edificio administrativo de la Asamblea Nacional el pasado jueves 7 de abril, cuando grupos de personas vistiendo ropas de civil y afectas aparentemente al gobierno nacional, atacaron con violencia una manifestación que realizaban otras personas que opinan de manera disidente de la gestión del Presidente Maduro. ¿Qué hace el Estado frente a ello? Veamos.
Los grupos de personas atacantes irrumpieron en la avenida que separa a la sede del CNE y de la AN, tras un camión de carga, tipo 350, portador de un potente equipo de sonido, que entró con cierta rapidez al área donde instantes antes fluía con normalidad el tráfico vehicular. La gente de este grupo venía en moto y a pie. Eran unas 50 personas, aproximadamente. Algunas tenían franelas de color rojo con logos del PSUV y el conocido dibujo con los ojos de Chávez. Muchas tenían aparatos de comunicación tipo radio. El camión tenía una foto alegórica a la imagen del fallecido presidente Chávez y la música que sonaba en el equipo que trasladaba, correspondía a un single de su última campaña electoral en 2012. Las personas que usaban el altoparlante se identificaban a sí mismas y al grupo que lo seguía como “pueblo chavista”.
El grupo atacado tenía franelas, camisas y gorras alegóricas al partido “Primero Justicia” -en su mayoría- y muchas otras personas portaban en sus manos banderines de otras toldas políticas, todas aliadas en la coalición opositora al gobierno nacional, agrupada en la Mesa de la Unidad Democrática. Tenían banderas nacionales tamaño pequeño y volantes que publicitaban la solicitud relativa al referéndum sobre la continuidad del mandato del Presidente Maduro, que presentarían en la sede del CNE varios diputados de la MUD, hoy mayoritaria en la AN. Gritaban “referéndum ya” y quizá llegarían a unas 200 personas aproximadamente.
El camión con el sonido llegó al lado de quienes estaban manifestando. Algunas de las personas que venían detrás en moto, se bajaron y junto con quienes caminaban, todos formando parte de un mismo grupo, empezaron a lanzar piedras y otros objetos contundentes a quienes estaban manifestando pacífica y previamente en la esquina de Pajaritos. Observamos parcialmente estos hechos desde un ángulo del lugar en el que, a esa hora, debíamos tener una reunión con gente de la AN.
Luego que la gente que estaba en la manifestación salió corriendo, las personas que vociferaban a través del sonido ubicado en el camión, dieron literalmente órdenes a la GNB para que cercaran el lugar de manera tal que no se pudiera acceder a pie a las adyacencias del CNE. Acto seguido, lanzaron piedras y otros objetos contundentes hacia las personas que estábamos en la AN observando los acontecimientos.
Llama la atención que la GNB se formó en su alineación clásica para acordonar el área de acceso al CNE, sugiriendo esta actuación una suerte de cumplimiento a los llamados que se le hicieron desde el camión. Fue cerrado el acceso norte a la sede administrativa de la AN, en la esquina de San Francisco. Así, mientras eran protegidos herméticamente estos accesos, personas que fungían como vocería del grupo atacante, haciendo uso del altoparlante del camión, dijeron que el centro de la ciudad de Caracas “es territorio chavista” y “zona de paz” y que no permitirían ninguna acción contra el gobierno de Presidente Maduro.
Un pequeño grupo de estas mismas personas, en una lamentable expresión de odio prendió fuego a una gorra de uno de los partidos políticos de la MUD y junto con ella quemó uno de los volantes que aludían a la solicitud de referéndum. La GNB estaba alineada detrás de esta gente, como simple espectador de lo que podría calificarse como un evento repudiable. Por su parte, las redes sociales informaron que producto de los hechos acaecidos, hubo un saldo preliminar de personas lesionadas compuesto por un diputado, 2 periodistas y una dama en estado de gravidez.
En el país se ha generado un clima de cierta expectativa con respecto a la posibilidad de realizar un referéndum. A ello han contribuido las comunicaciones del CNE a la AN sobre las competencias de estos poderes públicos y las declaraciones de voceros del PSUV y la MUD. No obstante, frente a los hechos presenciados el jueves 7 de abril en las adyacencias de la AN y del CNE, Provea hace un llamado a las autoridades competentes, especialmente al Presidente de la República, al Defensor del Pueblo y a la Fiscal General, para que sean investigadas y calificadas las actuaciones del funcionariado de seguridad del Estado que actuó en el evento, así como de las personas que actuaron desde la acera de la agresión y la intolerancia, para que se determinen las responsabilidades a que hubiere lugar y se impongan las sanciones de ley. Estos no son los métodos. Al contrario, conducen a mayor violencia.
