image139Durante todo el año 2014 el gobierno del presidente Nicolás Maduro ha venido implementando un conjunto de medidas económicas que afectan a los sectores más pobres de la población. Un paquete económico que se asemeja mucho al que aplicó en 1989 el ex presidente Carlos Andrés Pérez.

Venezuela atraviesa una crisis económica desde hace varios años. Esa situación de crisis fue dejada por el ex presidente Chávez y se profundizó con el presidente Maduro.

Esa crisis se caracteriza por una baja producción nacional y por muchas empresas del Estado en situaciones críticas, una inflación de 56,2% en 2013 y con posibilidades de que sobrepase el 80% en 2014; escasez creciente de productos esenciales para el consumo; distorsiones en el mercado cambiario y estancamiento en el empleo.

La crisis económica venezolana la vienen pagando los sectores más pobres de la población pues el gobierno se empeña en afrontarla descargando el mayor costo en los que menos recursos tienen

Como consecuencia de todos estos factores en 2013 se produjo, según cifras oficiales, un crecimiento de la pobreza en seis puntos porcentuales.

Con miras a remediar esta situación el Ejecutivo Nacional aumentó los precios en servicios públicos tales como trasporte aéreo, terrestre y marítimo, electricidad y telefonía; elevó precios en productos de primera necesidad, eliminó o redujo subsidios en el sector económico y social, devaluó la moneda. En paralelo anunció un posible aumento de la gasolina y nuevas devaluaciones.

Las medidas tomadas por el Presidente Maduro, además de producir descontento en importantes sectores de la población, dificulta aún más la vida de las familias pobres.

Es la aplicación de las mismas recetas implementadas en otros países del continente americano de austeridad para las mayorías y recortes en el gasto público con resultados negativos para los sectores populares.

Hemos venido insistiendo que en tiempos de crisis económica el Estado mantiene la obligación de preservar y garantizar la realización de los derechos humanos y particularmente los derechos económicos, sociales y culturales de la población.

No se justifica por lo tanto que se sacrifique el disfrute de derechos para invertir el dinero público en áreas o asuntos que no tienen incidencia en la mejora de las condiciones de vida de la población.

Un ejemplo lo constituye el alto gasto militar y la compra de productos destinados a la represión de la protesta. Preservar los recursos del Estado para usarlos de la manera más adecuada, no es compatible con la omisión y complicidad para con los altos niveles de corrupción que existen en el país.

La corrupción ha conducido al desvío de fondos públicos para satisfacer intereses particulares mediante la comisión de delitos contra el patrimonio público.

La reorientación del gasto público para dar prioridad a programas sociales debería ser una medida en el marco de la crisis, así como la disposición para suscribir y cumplir convenciones colectivas que permitan mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los trabajadores y las trabajadoras.

Se debería proceder a la eliminación del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que es un impuesto regresivo, y fortalecer los impuestos progresivos para que paguen más lo que tienen mejores condiciones económicas.

La crisis económica venezolana la vienen pagando los sectores más pobres de la población pues el gobierno se empeña en afrontarla descargando el mayor costo en los que menos recursos tienen.

Si en el pasado se implementó el paquete económico en nombre de la democracia, en el presente se adoptan medidas similares en nombre del socialismo. Las víctimas son hoy las mismas que ayer: los más pobres

Publicado en el Boletín Internacional de Derechos Humanos de Provea Nro. 13 (Julio-Agosto 2014).

Para conocer nuestro Boletín completo visita:  https://archivo.provea.org/julio-agosto-2014/

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