«Señores, como decía el camarada Alarcon, nosotros tenemos que revisar las estructuras, y nos vamos a radicalizar, hoy me voy a radicalizar más que nunca y todo el que sea escuálido fuera de la corporación, fuera de la corporación». Estas palabras fueron pronunciadas este martes 22.12.2015 por el Mayor General Luis Motta Domínguez, Ministro del Poder Popular para Energía Eléctrica y presidente de la Corporación Eléctrica Nacional (Corpoelec), durante una movilización de trabajadores del sector eléctrico a las afueras del Palacio de Miraflores en Caracas. 

De esta manera Motta Domínguez anunció ante todo el país que iniciará una ola de despidos masivos en el sector eléctrico, motivado por razones políticas. El Mayor General escala la discriminación laboral por razones políticas en la administración pública y en empresas del Estado, que Provea y organizaciones sindicales han venido denunciando desde el pasado 7 de diciembre, luego de conocerse los resultados de las pasadas elecciones parlamentarias.

Afirmar abiertamente que se procederá a despedir a trabajadores identificados con la oposición venezolana, es una clara violación a lo establecido en los convenios internacionales suscritos por Venezuela, y a lo consagrado en la Carta Magna y la legislación vigente. 

Los actos de discriminación laboral por razones políticas están expresamente prohibidos en el Convenio 111 sobre la discriminación (empleo y ocupación) de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) suscrito y ratificado por Venezuela; en los artículos 19, 21, 57 y 89 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela (CNRBV); en el artículo 18 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (DLOTTT), y en el artículo 21 de la misma Ley que reza: «Son contrarias a los principios de esta Ley las prácticas de discriminación. Se prohíbe toda distinción, exclusión, preferencia o restricción en el acceso y en las condiciones de trabajo, basadas en razones de raza, sexo, edad, estado civil, sindicalización, religión, opiniones políticas, nacionalidad, orientación sexual, personas con discapacidad u origen social, que menoscabe el derecho al trabajo por resultar contrarias a los postulados constitucionales». Igualmente están prohibidos en la Ley Orgánica sobre Protección, Condiciones y Medio Ambiente en el Trabajo (LOPCYMAT) en su artículo 56 que obliga a todo empleador a “Abstenerse de toda discriminación contra los aspirantes a obtener trabajo o contra los trabajadores y trabajadoras y, dentro de los requerimientos de la actividad productiva, respetar la libertad de conciencia y expresión de los trabajadores y trabajadoras”.

El artículo 543 del DLOTTT establece que los funcionarios que, por acción u omisión, violen las normas contenidas en el instrumento legal que estén dirigidas a proteger el proceso social de trabajo y los derechos de las y los trabajadores, deben ser sancionados con remoción o destitución de su cargo. 

Motta Domínguez contradice abiertamente las afirmaciones que el Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Derechos Humanos, Larry Devoe, hiciera a Provea -en nombre del vicepresidente Arreaza-, con ocasión a una comunicación telefónica sostenida el 09.12.2015 con nuestro Coordinador General, Rafael Uzcátegui, en la que el funcionario negó que los despidos y actos de discriminación laboral por razones políticas fueran una política de la gestión del Presidente Maduro, al tiempo que se comprometió a investigar las denuncias registradas y formuladas por Provea.

En tal sentido, si la gestión del Presidente Maduro es coherente con las afirmaciones hechas por sus altos funcionarios a Provea, y si se actúa apegado a lo establecido en la CNRBV y las leyes vigentes, el Ministro Motta Domínguez debe ser destituido de su cargo, debido a la flagrante violación y desconocimiento de los derechos laborales expresada públicamente por el funcionario.

Provea rechaza que se sigan promoviendo actos de discriminación y hostigamiento, despidos injustificados y retaliaciones contra empleados y trabajadores de la administración pública y empresas del Estado, debido a los resultados de las elecciones parlamentarias. Reiteramos nuestro llamado al Ejecutivo Nacional a que entienda el mensaje de democracia y pluralismo que enviaron los venezolanos que ejercieron su derecho al voto en los recientes comicios, y que de una vez asuma su responsabilidad de trabajar para la garantía plena de los derechos humanos para todas y todos. 

Junto a las organizaciones sindicales seguiremos denunciando los hechos que vulneren o menoscaben los derechos de las y los trabajadores, y para ello reiteramos nuestra invitación a quienes se sientan afectados por actos de discrimación laboral por razones políticas, a emplear los mecanismos previstos en la Constitución y la legislación vigente para denunciar cualquier situación que viole sus derechos laborales. Ponemos a la disposición de todos los posibles afectados nuestro correo investigacion@derechos.org.ve y nuestros teléfonos (0212) 862.10.11 / 862.53.33, para registrar, visibilizar y acompañar sus denuncias sobre estas preocupantes prácticas violatorias de derechos humanos. (Prensa Provea, 22.12.2015)

 

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