Desde el inicio del “Operativo de Liberación y Protección del Pueblo” (OLP) el pasado 13.07.2015, Provea ha registrado y documentado diversas denuncias sobre abusos y violaciones de derechos humanos cometidas por los funcionarios policiales y militares actuantes en estos operativos. Muchas de estas denuncias han sido levantadas directamente por nuestra organización gracias al trabajo de campo realizado en distintas comunidades del área metropolitana de Caracas y otras zonas del país; y, en otros casos, han sido levantadas por otras ONG con presencia en regiones como Lara, Barinas, Nueva Esparta y Zulia.

El OLP es un operativo militar-policial que ha emprendido la gestión del Presidente Nicolás Maduro con la justificación de luchar contra la delincuencia. Sin embargo, en sus 5 meses de ejecución (julio-diciembre), este operativo ha demostrado su ineficacia para reducir los altos índices de inseguridad en el país, y ha generado más problemas que soluciones. El numeroso despliegue de funcionarios policiales y militares en las zonas donde se ha realizado el OLP y el discurso oficial que alienta la política de “mano dura”, han propiciado la ocurrencia de numerosos abusos por parte de los agentes de la fuerza pública contra habitantes de sectores populares del país.

El OLP criminaliza a los más pobres, pero además, por sus efectos, no sólo está impactando negativamente en la garantía de los derechos a la vida, la integridad y la libertad personal, sino que también está vulnerando la realización y garantía de los derechos económicos sociales y culturales. No hay antecedentes en Venezuela de un operativo policial que haya tenido un impacto tan negativo en la garantía del derecho humano a una vivienda adecuada.

Según las cifras suministradas por el Ministerio del Poder Popular para Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP) desde el pasado 13.07.2015 y hasta el 14.12.2015, más de 70.000 funcionarios de la GNB, Guardia del Pueblo, Servicio Bolivariano de Inteligencia (Sebin), Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC), Policía Nacional Bolivariana (PNB) y policías regionales han participado en operativos realizados en distintas comunidades populares de la geografía nacional en el marco del despliegue del OLP.

Presuntas ejecuciones policiales

De acuerdo a las reseñas de prensa del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz (MPPRIJP), desde el pasado 13.07.2015, 235 personas han fallecido durante 5 meses de ejecución del OLP, en “enfrentamientos” con la fuerza pública. La información que suministra el MPPRIJP da cuenta apenas de 5 funcionarios policiales o militares heridos en el contexto de los operativos OLP.

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– Cota 905

El pasado 14.07.2015 familiares de 4 personas asesinadas en el sector La Cancha de la Cota 905 durante la realización del OLP el 13.07.2015, desmintieron la versión oficial que indicaba que estas personas había resultado muertas luego de enfrentarse a la fuerza pública. Familiares de MARTINEZ, Elio Jesús (25); CASTRO, Carlos Luis (25); ISTURÍZ, Kevin Jesús (22); BEJARANO, Carlos Eneisi (18) y un menor de edad de 14 años, denunciaron que estas personas no se habían enfrentado a los efectivos policiales y no pertenecían a bandas delictivas. En el caso del adolescente asesinado, un familiar señaló que este fue asesinado mientras dormía en su vivienda.

El OLP realizado en la Cota 905 en Caracas arrojó, según cifras oficiales, un balance de 16 personas asesinadas. La versión de los cuerpos policiales indica que la totalidad de estas personas fallecieron luego de enfrentarse a las comisiones de los cuerpos de seguridad que participaron en la operación, sin embargo en al menos 7 casos los familiares de los fallecidos desmintieron la versión oficial.

El 17.07.2015 Provea acudió, junto a numeroso grupo de personas habitantes de los sectores La Quinta y La Cancha de la Cota 905, a la sede del Ministerio Público para solicitar una investigación sobre los hechos ocurridos el pasado 13.07.2015. El 18.07.2015 Provea acudió a la Cota 905 para documentar las denuncias de habitantes de este sector sobre presuntos excesos y violaciones de derechos humanos cometidas por funcionarios actuantes en el OLP. El equipo de Provea pudo reunirse con más de 200 habitantes de los sectores La Cancha y Las Quintas en la parte alta de la Cota 905 y registrar denuncias sobre presuntas ejecuciones policiales, allanamientos ilegales, detenciones arbitrarias, tratos crueles, inhumanos y degradantes contra personas detenidas, hurtos masivos y destrozos en viviendas, presuntos forjamientos de pruebas, maltratos físicos y verbales y amenazas de muerte contra niños, mujeres y hombres habitantes de este sector. 

– Carabobo

Familiares de PÁEZ, Yoel Eduardo (21) y PÁEZ, Jonathan Ronaldo (19) denunciaron el pasado 21.08.2015 que los jóvenes fueron presuntamente ejecutados por efectivos policiales durante la realización del Operativo de Liberación del Pueblo realizado en el sector Colinas de Girardot en Naguanagua, estado Carabobo. Los familiares señalaron que los efectivos llegaron disparando al sector y que los jóvenes corrieron para protegerse, pero fueron interceptados en la calle por los funcionarios quienes les habrían disparado causándoles la muerte. Añadieron que no se les permitió ver los cuerpos de los fallecidos.

– Lara

El pasado 08.10.2015 más de 300 efectivos de la GNB, Policía Nacional Bolivariana, Sebin y CICPC, participaron en la ejecución del Operativo de Liberación del Pueblo en el sector Pavia en Barquisimeto, estado Lara. En el operativo resultaron muertos MOGOLLÓN, Kellber Giovanny (27) y SUÁREZ, Wilmer Alexander (21). Según la versión oficial, estas personas fallecieron luego de enfrentarse a las comisiones policiales presentes en el sector. La versión de los familiares indica que los fallecidos se habrían entregado con vida a los funcionarios policiales y posteriormente fueron asesinados.

Zulia

El 14.09.2015 durante la realización del OLP en Santa Rosa de Agua, estado Zulia, 5 personas resultaron asesinadas por efectivos de la fuerza pública. Ente los fallecidos destaca el caso de los hermanos Olivares, quienes, según denunciaron sus familiares, fueron sacados de sus viviendas por efectivos actuantes en el operativo. Según denunciaron, Jonathan y Jorge Olivares estaban durmiendo al momento que efectivos policiales irrumpieron de forma violenta en sus residencias y destrozaron puertas y bienes familiares. Más de 3 meses han transcurrido desde el asesinato de los hermanos Olivares y aún no han sido señalados los responsables. 

El 06.11.2015 el Ministerio Público, a través de la Dirección de Derechos Fundamentales, comisionó al Fiscal 76 con competencia nacional para que conduzca la investigación sobre el asesinato de los hermanos Jonathan Luis Olivares Calixto y Jorge Luis Olivares Calixto, quienes junto a otras tres personas, fueron ejecutados por presuntos funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) y Policía del estado Zulia, durante la realización del Operativo de Liberación del Pueblo (OLP). La decisión fue adoptada luego de una reunión efectuada entre la hermana de las víctimas, representantes de la Comisión de Derechos Humanos de la Universidad del Zulia (CODHEZ), Provea y el subdirector de la Dirección de Derechos Fundamentales del Ministerio Público, en la que se expusieron ante la institución las irregularidades y ausencia de celeridad en la investigación, que hasta el momento era conducida por las Fiscalías 11 y 45 del estado Zulia.

¿Ejecuciones encubiertas?

En un estudio elaborado en el año 2006 por la CONAREPOL denominado “Características de la Policía Venezolana” se señaló que un indicador de la letalidad policial es la desproporción entre bajas policiales y civiles, es decir, que se reporten fallecidos y lesionados del lado de los ciudadanos pero no existan dentro de los funcionarios, ello “permite suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura” afirmó la CONAREPOL.

En su Informe Anual 2014, Provea advirtió que el incremento en el número de víctimas de violación al derecho a la vida –el 85,9% bajo el patrón de ejecuciones- encuentra explicación parcial en el aumento de la actuación violenta y letal de los cuerpos policiales, entendidas en muchos casos como un indicador de “eficiencia policial”, advertidamente o no amparados en una perspectiva de “mano dura”.El hecho que la policía “dispare a matar” y no a neutralizar a su contrario, mediante el uso progresivo de la fuerza, no es la única característica del pasado que pareciera repetirse en los procedimientos de OLP. Del mismo informe de la CONAREPOL se desprende: “La gran cantidad de muertes y lesionados en enfrentamientos con la policía, así como la desproporción entre bajas policiales y civiles, indicaría un alto nivel de letalidad policial, al tiempo que permitiría suponer el encubrimiento de ejecuciones bajo esta figura”. De acuerdo a los datos recopilados por Provea entre 1990 y 2013, 29.444 personas muertas no fueron incluidas en las cifras de homicidios sino que fueron presentadas como muertas tras oponer resistencia a las autoridades. Ello ilustra una tendencia ascendente que se contradice claramente con la implementación del nuevo modelo policial impulsado a partir de los trabajos de la Comisión Nacional para la Reforma Policial (CONAREPOL).

Nos preocupa que la cifra de presuntas ejecuciones policiales registrada en apenas 5 meses de OLP, indique que en el período enero-diciembre 2015, se superará la cifra de ejecuciones policiales registrada por Provea en su Informe Anual 2014, que ascendió a 189 personas asesinadas bajo este patrón de violación del derecho a la vida.

Detenciones arbitrarias

En 120 operativos reseñados por el MPPRIJP se refleja la cifra de más de 10.000 ciudadanos detenidos en los estados Miranda, Distrito Capital, Aragua, Monagas, Carabobo, Portuguesa, Zulia, Anzoátegui, Yaracuy, Barinas, Lara, Nueva Esparta, Bolívar y Amazonas durante los primeros 5 meses de ejecución de OLP. Del total, sólo 1.992 personas han sido puestas a la orden del Ministerio Público debido a su presunta vinculación con la comisión de hechos punibles. De acuerdo a estas cifras, el 80,8% de las detenciones practicadas en el marco del OLP han sido arbitrarias e ilegales y apenas en el 19,92% se presume la vinculación de los aprehendidos con hechos delictivos.

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Allanamientos ilegales y desahucios de beneficiarios de la GMVV

De acuerdo a lo reseñado por el MPPRIJP, más de 17.000 viviendas han sido allanadas durante la ejecución de OLP. En todos los operativos realizados en los urbanismos de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV), se han realizado allanamientos masivos sin orden judicial a los cuáles el gobierno ha llamado “auditorias” de viviendas. En ninguno de los casos estos allanamientos contaron con una orden judicial y no hubo presencia de fiscales del Ministerio Público durante la realización de los mismos. Se han reportado numerosas denuncias de hurtos y destrozos ocasionados a viviendas que han sido objeto de estos allanamientos ilegales. 1.490 viviendas de la GMVV han sido “recuperadas” durante 5 meses de ejecución del OLP a nivel nacional. Igual número de familias beneficiarias de la principal política habitacional del Estado venezolano, han sido afectadas por estos desalojos que se han realizado de forma arbitraria, y como consecuencia del empleo de la vivienda como mecanismo de castigo a aquellas familias en las que las autoridades presuman que uno de sus miembros esté involucrado en la comisión de delitos.

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En estos casos se ha criminalizado a todo el núcleo familiar. La ausencia de títulos de propiedad y seguridad de la tenencia de estas viviendas, ha contribuido a que estos desahucios se realicen de forma sumaria y sin garantías para el derecho a la defensa de los afectados.

Destrucción de viviendas

976 viviendas han sido demolidas y otras 10 han sido incendiadas por agentes de la fuerza pública durante la ejecución del OLP. Una afectación del derecho a la vivienda –en el marco de un operativo de seguridad ciudadana- sin precedentes en la historia venezolana.

Los testimonios recogidos por Provea en las comunidades afectadas indican que el OLP fue empleado como excusa para justificar el desalojo forzoso y la demolición de estas 976 viviendas.

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En estos procedimientos el Estado violó las garantías procesales previstas en el caso de desalojos y consagradas en los instrumentos internacionales y nacionales de protección del derecho humano a una vivienda adecuada, toda vez que no realizó una consulta con las personas afectadas y no otorgó un plazo razonable de notificación previa y, por el contrario, realizó el desalojo y la demolición de forma sorpresiva y violenta. Estas personas no fueron informadas debidamente de la ejecución del desalojo y las autoridades no adoptaron ninguna medida para garantizar la reubicación y destino habitacional de las 976 familias afectadas.

Los desalojos forzosos constituyen una práctica contraria al derecho a la vivienda adecuada y de acuerdo a lo señalado por el Comité DESC en su Observación General N° 4 son incompatibles con los requisitos del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC). Los funcionarios actuantes en las demoliciones practicadas por el OLP en la carretera Panamericana en Caracas, Brisas del Hipódromo en Valencia, y El Piache y Los Olivos en Nueva Esparta, violaron además las garantías contenidas en los artículos 4, 5, 12, 13, 14 y 15 del Decreto con Rango, Valor y Fuerza de Ley Contra el Desalojo y la Desocupación Arbitraria de Viviendas, aprobado en mayo de 2011 en el marco de los poderes habilitantes conferidos por la Asamblea Nacional al fallecido Presidente Chávez.

Provea ha entregado a la Defensoría del Pueblo varios reportes sobre las denuncias documentadas en los sectores afectados por el OLP, incluida las comunidades afectadas por demoliciones e incendios de viviendas. También ha solicitado al Defensor del Pueblo, Tarek William Saab, que en cumplimiento de su mandato constitucional, actúe para iniciar las investigaciones que conduzcan a esclarecer lo ocurrido, a la reparación efectiva de las víctimas y a la garantía de no repetición de los hechos. Provea le ha reiterado al Defensor del Pueblo su disposición a colaborar con las investigaciones de las distintas violaciones de derechos humanos ocurridas durante la ejecución del OLP, para que se establezcan las responsabilidades y se detengan los abusos policiales. Hasta el momento no hemos recibido ninguna respuesta del Defensor, por lo que su silencio se ha convertido en el principal aval para la impunidad.

Este artículo fue incluido en el Boletín Internacional de Derechos Humanos de Provea N° 20, correspondiente a los meses noviembre-diciembre 2015. Puedes consultar toda la publicación AQUÍ.

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