Franklin Brito es un agricultor venezolano que ha realizado varias huelgas de hambre en protesta por las leyes agrarias del Gobierno de Hugo Chávez, que en represalia le quitó sus tierras. El último de los ayunos lo realizó cerca de la sede de la OEA en Caracas y después de varias semanas, una madrugada de diciembre del año pasado fue sacado a la fuerza por funcionarios del Estado con una supuesta orden judicial en la que se declaraba su insania y fue ingresado en la unidad de psiquiatría del Hospital Militar.
A pesar de que varios médicos privados habían demostrado que está en pleno uso de sus facultades mentales, y de que la legislación interna prevé que cuando hay un problema de locura son los familiares quienes se hacen cargo del paciente, se ha prohibido a la familia tener el control de la situación y que lo revisen otros médicos. Su situación es precaria. Es un hombre de 190 centímetros de estatura que pesa 49 kilos. Y aunque es un caso entre miles, es el que más preocupa a las ONG venezolanas. Según afirman, se han desatendidos todas las medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y ni siquiera el delegado de la OEA ni la Cruz Roja han podido visitarle.
«En Venezuela, hay una creciente utilización del sistema judicial para criminalizar la protesta pacífica», denuncia Liliana Ortega, miembro fundador de COFAVIC , organización no gubernamental para la protección y promoción de los derechos humanos. Ortega cita este caso emblemático, que no solo afecta a una persona sino que ha hecho sufrir enormemente a una familia, pero actualmente en Venezuela unas 3.000 personas son sometidas a juicio por participar en alguna protesta social. Sindicalistas, luchadores sociales, defensores de derechos afrontan un proceso por reclamar mejoras en la salud, en los servicios básicos o por el desabastecimiento. Muchos están en libertad, pero con condiciones: no pueden salir del país, no pueden hablar de sus casos. Se les acusa de obstrucción de vías públicas o alteración del orden público. Según sectores de la oposición, este es el nuevo plan del Gobierno de Chávez para afianzar el movimiento que llama «Socialismo del siglo 21» y que pasa además por reformas a las leyes de educación, de prensa o de cooperación internacional.
Y se enmarca además en lo que Ortega y su compañero de la ONG de defensa de la sociedad civil Sinergia, Feliciano Reyna, califican de «la profundización del deterioro institucional en el país» producto de la concentración de poderes de Chávez. «Y cuando hay debilitamiento en la separación de poderes hay un grave riesgo para los derechos humanos», afirman en conversación con el EL PAÍS.
Grupos parapoliciales e intimidación
En Venezuela, de 10 casos de violaciones de derechos humanos presentados ante las autoridades, en ocho las víctimas no ven a un juez. «No tienen posibilidad de ser escuchadas y permanecen en fase preliminar de investigación durante años», asegura Ortega. Aunque las violaciones de derechos humanos es algo endémico en Venezuela, se ha visto acrecentado, según denuncian, por la proliferación de grupos parapoliciales a nivel nacional.
«El promedio de casos que reconoce el Estado venezolano de presuntas ejecuciones al año en Venezuela está en torno a los 600. Estamos hablando de casos, no de víctimas. No podemos saber si en esos 600 casos hay 600 víctimas o 1.200 porque un caso puede tener más de dos personas. Pero esta cifra es mucho más alta que Colombia, donde se cuenta el promedio anual de casos cometidos de paramilitares es de 200», dice Ortega.
Pero lo peor no es eso. De esos 600 casos, casi el 98,5% no llegan a juicio, es decir que las posibilidades de una condena son casi nulas. ¿Las víctimas? En su mayoría jóvenes pobres, de zonas urbanas, no mayores de 25 años, muchos con antecedentes policiales o de drogodependencia que son llevados al límite por estos grupos parapoliciales. ¿El resultado? Desapariciones forzadas o ejecuciones extrajudiciales, explican. Pero la pesadilla no acaba ahí. La búsqueda de justicia la han asumido las mujeres, madres, hijas, hermanas, un hecho histórico en América Latina, ciertamente, pero con la diferencia que en Venezuela el siete de cada 10 denunciante son objeto de amenazas, hostigamiento y de acusaciones criminales.
¿Y qué pasa con las ONG en Venezuela? Reyna, de Sinergia, ofreció datos de un estudio que se publicará a finales de este mes sobre el Índice de la Sociedad Civil -proyecto de la organización Civicus pero coordinado desde Venezuela. «De 113 organizaciones con las que tuvimos interacción para el proyecto mas del 80 % expresa que no tiene espacio de diálogo con el Gobierno nacional. En su mayoría son organizaciones de desarrollo social, aunque hay algunas de derechos humanos que buscan una posibilidad de interactuar por distintas vías y no obtienen respuesta».
Según el presidente de Sinergia, «hay este intento de ir imponiendo un proyecto que por su propia naturaleza es discriminatorio. Basta con que se exprese alguna inconformidad para ser segregado con base a la idea de este proyecto de construcción del socialismo».
Ortega, por su parte, informa de que en los últimos tres años se han documentado 32 defensores de derechos humanos hostigados, amenazados o criminalizados y resalta la muerte de dos defensores en 2009. Asimismo, cuenta, las organizaciones están sufriendo una constante asfixia, ya sea por el impedimento de la cooperación internacional, la presión política y una campaña de medios que criminalizan a las ONG, las trabas para el registro de nuevos grupos de derechos, y sobre todo, por la intimidación. (M. J. GONZÁLEZ RIVAS, El País, http://www.elpais.com/articulo/internacional/ONG/denuncian/criminalizacion/protesta/social/Venezuela/elpepuint/20100609elpepuint_16/Tes)
