Hoy nos encontramos plantados frente a las puertas del Tribunal Supremo de Justicia, luego de introducir un amparo en su sala constitucional, no venimos en esta oportunidad a exigir el respeto por el derecho a poseer un territorio propio o el derecho a la libre determinación, autonomía o autogobierno y el uso de los recursos entre otros derechos humanos que nos asisten, si no venimos en esta oportunidad a exigir que se restablezca el derecho que tiene el Pueblo Yukpa y todos los pueblos originarios de Venezuela a ser juzgados por sus propias leyes partir de su cosmovisión, usos y costumbres, tal como reza en convenios internacionales de la OIT, OEA y ONU firmados por el estado Venezolano, además de la Ley Orgánica de Pueblos Comunidades Indígenas ( LOPCI) y la propia constitución Bolivariana.
El Estado llevó a un callejón sin salida la lucha por la demarcación del territorio del Pueblo Yukpa que se orienta a partir de su propia AUTODEMARCACIÓN y no de la que quiere imponer el gobierno a trabes de su comisión de demarcación de habitad y tierras indígenas, donde se agrupan 10 ministerios coordinados por el Ministerio del Ambiente, al dividir a los líderes y comunidades Yukpa y Bari, transformando a sus caciques y líderes principales en empleados del Ministerio Indígena u de otra instituciones, incluso de Corpozulia y satanizando y criminalizando a los líderes y sus comunidades que exigen las tierras AUTODEMARCADAS y no la propuesta por la comisión de demarcación.
La intervención por parte de altos funcionarios del gobierno nacional en el devenir histórico de estos pueblos de la Sierra de Perijá, llegó al quiebre cuando íderes de las comunidades Yukpas, principalmente asentadas en la cuenca media del río Yaza, donde vive Sabino, Olegario, Alexander e Israel hoy presos en Fuerte Macoa y llevados a un juicio amañado y politizado, cansados de la fracasada demarcación iniciada en el año 2004,comienzan a ocupar por cuenta propia y sin pedir permiso las haciendas que invadieron su territorio original.
Fue tal el desespero que toda la estructura ganadera nacional, la gobernación del estado Zulia, el consejo legislativo y la Universidad del Zulia se aliaron con la oposición y los 10 ministerios entre ellos defensa, relaciones interiores y justicia, ambiente, y indígena haciendo causa común contra Sabino Romero Izarra quien llevo la voz cantante y la mayor consecuencia como líder de su pueblo en el proceso de rescate de los territorios originales.
Comienza una segunda etapa, la de aislar y satanizar públicamente a Sabino en base a la acusación de robo masivo de ganado de las haciendas y parcelas vecinas, a trabes del fomento del odio racial entre los pueblos Wayuu y Yukpa y en especial contra la comunidad donde Sabino es cacique, Chaktapa.
El 13 de octubre de 2009, se materializo el enfrentamiento entre Olegario Romero, cacique de la comunidad vecina Guamo Pamocha y Sabino Romero Izarra de la comunidad de Chaktapa, con un saldo de dos muertos y cinco heridos, pero pese que la comunidad han llegado a un acuerdo de indemnización y reparación de la falta, el tribunal de control con sede en el poblado de la Villa del Rosario, Zulia, la Sala 2 de apelación de Maracaibo y 8 fiscales del Ministerio Publico, se empeñan en no reconocer que Sabino Romero Izarra, Olegario Romero, Alexander Fernández (Wayuu) e Israel Romero(menor de edad) por ser indígenas, miembros del pueblo o nación Yukpa deben ser juzgados por la jurisdicción indígena y no por la justicia ordinaria; tal como hoy a acordado el Pueblo Yukpa y en especial las comunidades involucradas y las familias agraviadas
LOS PUEBLOS INDIGENAS TIENEN DERECHO A SER JUSGADOS POR SUS PRIOPIAS LEYES.
NO A LA CRIMINALIZACION DE LOS DIRIGENTES INDIGENAS.
CESE AL HOSTIGAIENTO Y TORTURA SICILOGICA CONTRA SABINO POR PARTE DEL EJERCITO DE FUERTE MACOA
CINCO MESES LLEVAN LOS DETENIDOS EN EL FUERTE MACOA SIN VER EL SOL, INGIRIENDO POCOS Y INADEUADOS ALIMETOS.
LOS PRESOS YUKPAS DEBEN SER TRASLADADOS A SUS COMUNIDADES TAL COM ORDENAN LAS LEYES VIGENTES
COMUNIDADES YUKPAS DE LA SIERRA DE PERIJÁ
