En 2008, en el transcurso de cinco meses fueron nombrados cuatro ministros de vivienda, lo que en Provea supusimos tendría consecuencias económicas y sociales. Provea hizo cuatro preguntas al Despacho de la Presidencia que no fueron respondidas. Por lo que introdujimos en el TSJ un recurso de abstención o carencia, cuya respuesta, dos años después, fue que el Presidente a diferencia de otros funcionarios públicos no tiene porque responder un derecho de petición.

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