El 20 de marzo de 1993, en del Seguro Social La Ovallera, en Palo Negro, estado Aragua, 300 personas resultaron intoxicadas. Se presume que las sustancias empleadas para limpiar los equipos de ventilación se fusionaron con los productos de mantenimiento del área externa. Por consiguiente, por los ductos del aire acondicionado se propagaron estos químicos que contaminaron las áreas de quirófanos, emergencia y hospitalización.
Hoy, 17 años después del accidente, los 300 intoxicados continúan esperando por pensiones justas y por el pago de las indemnizaciones ordenadas mediante sentencia del Tribunal Supremo de justicia (TSJ).
La compensación consiste en el pago de 200 millones de Bolívares por afectado. Pero, sin embargo, sólo 70 gozan del beneficio, pues el Instituto Nacional de Prevención, Salud y Seguridad Laboral (Inpsasel) no hace entrega de los certificados de incapacidad necesarios para gozar del derecho fundamental.
“No quieren resolver el problema laboral dándonos incapacidad por enfermedad común” explicó Geryn Páez, quien presentó encefalopatía tóxica por la emisión del químico.
En consecuencia, a quienes aún no les ha aprobado la incapacidad tuvieron se incorporaron a sus labores, y a quienes están de reposo les descuentan cestaticket y bono nocturno.
Por otro lado, algunos trabajadores reciben el 60% de sus salarios, a pesar de que cuentan con informes médicos que constatan la discapacidad (EN, 05.07.10).
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Notas de prensa relacionadas con este caso:
-Intoxicados caso La Ovallera (17.01.10)
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