El próximo 26 de septiembre se elegirá una nueva Asamblea Nacional en la que se reflejará, de manera más fidedigna que la actual, la propia pluralidad política en el país. Sin embargo, el vigorizamiento de la polarización, en virtud de la contienda electoral, ha dejado poco espacio a la propuesta de proyectos legislativos y la discusión, con cierta rigurosidad, de los principales problemas existentes en el país. Los dos principales bandos en pugna presentan la cita en términos del «día final», en donde se está jugando a la democracia o la revolución, según la vocería.
Para contribuir al trabajo de los parlamentarios que asumirán funciones en el 2011 las organizaciones de derechos humanos, agrupadas el Foro por la Vida, hemos elaborado un Decálogo legislativo por los Derechos Humanos. Sea cual sea el escenario las ONG’s intentarán incidir positivamente en la planificación de políticas públicas con enfoque de derechos humanos.
Las dos primeras propuestas tienen que ver con la principal preocupación de los venezolanos y venezolanas: la inseguridad. La inicial, referente al derecho a la vida, exige dar cumplimiento a la disposición transitoria cuarta de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela al aprobar legislación sobre la tortura, mediante ley especial o reforma del código penal. Seguidamente se encuentran 6 proposiciones sobre el derecho a la seguridad ciudadana: Promover un debate y diálogo nacional sobre normas y políticas públicas para afrontar la criminalidad; Activar normas claras que propicien el fin de la impunidad como garantía de justicia y el resarcimiento de las víctimas secundarias de la violencia criminal y de género; Modificar las disposiciones legislativas para garantizar que las Fuerzas Armadas no participen en actividades de seguridad ciudadana, salvo situaciones excepcionales; Eliminar las normas que organizan y conforman Cuerpos de Combatientes en los sectores públicos y privados para la defensa integral de la nación como función de la Milicia Nacional Bolivariana; Incluir lo relativo a la necesidad del diseño e implantación de un programa de control de armas y desarme como política para lograr la seguridad ciudadana y, por último, promover garantías de protección a las y los sobrevivientes de las víctimas de la criminalidad y de violencia de género, y asistencia para la superación de los traumas producto del hecho violento.
Ante las amenazas a la autonomía de los sindicatos y la libertad de asociación, el Foro por la Vida le pide a los nuevos asambleístas evitar la promulgación de marcos normativos, así como la reforma de normas legales, que obstaculicen la libre asociación de personas con fines lícitos como lo es la defensa y promoción de los derechos humanos, de la democracia y de la justicia social, incluyendo normas que limiten o condicionen la autonomía de las organizaciones y criminalice la recepción de fondos de la cooperación internacional. A su vez promulgar una nueva Ley Orgánica del Trabajo, con la finalidad que el Consejo Nacional Electoral no intervenga en las elecciones de representantes sindicales o gremiales y sus formas de autogobierno.
Otro derecho que ha venido acorralándose, como es la libertad de expresión e información, también motiva 4 ideas puntuales: Adecuar la legislación penal al Derecho Internacional de los Derechos Humanos, en particular a la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Organización de Estados Americanos, eliminando los delitos de opinión y sustituyendo las responsabilidades penales por responsabilidad civil en los casos de vilipendio, difamación e injuria; Garantizar el acceso a la información de carácter público a todas las personas de manera oportuna y adecuada, aprobando una ley de acceso a la información pública; eliminar cualquier norma legal que establezca restricciones o condiciones de reserva de la información pública y, por último, reformar la ley de telecomunicaciones para garantizar la autonomía e independencia de Conatel.
Ante el aumento de la criminalización de la protesta, el Foro por la Vida sostiene que deben eliminarse los artículos 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la Defensa de las Personas en el Acceso a los Bienes y Servicios, así como el 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular Contra el Acaparamiento, el Boicot. Estos han venido utilizándose en contra de los líderes campesinos, comunitarios y sindicales -como Rubén González- que han ejercido su derecho constitucional a la huelga y la manifestación pacífica.
Entre las organizaciones que suscribieron el decálogo se encuentran Provea, Espacio Público, Caritas Venezuela, el Centro de Investigación, Formación y estudios de la Mujer (Cisfem), Acción Ciudadana Contra el Sida (Accsi), Servicio Jesuita a Refugiados Venezuela (SJR), Cofavic y el Comité de Victimas contra la Impunidad del Estado Lara, entre otros. Si usted desea descargar el documento completo «Decálogo completo de derechos humanos» puede visitar la siguiente dirección: http://issuu.com/foroporlavida/docs/agenda_ddhh. Asimismo, puede solicitar una copia por email a [email protected]
Rafael Uzcátegui
Coordinador del Área de Investigación de Provea
www.derechos.org.ve
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