Muchas veces hemos dicho que tener derechos no basta. En el caso de muchas mujeres, entre las que está Linda Loaiza, su condición de ciudadanas no fue suficiente para que se le garantizaran sus derechos.
A pesar de la vigencia en el país de la Constitución y otras leyes nacionales e internacionales, como la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer; entre enero y octubre de 2003 fueron registrados 8.520 casos de mujeres víctimas de violencia.
A ello se suma el hecho grave de que la mayoría de las mujeres agredidas no denuncian ni acuden a las instituciones.
La denuncia es un mecanismo mediante el cual ejercemos nuestro derecho a la defensa, pero cuando esto no deriva en justicia (como el caso de Loaiza) se crea un precedente de impunidad que produce desconfianza y esta misma desconfianza se convierte en aliada de los agresores.
A pesar de ello, visibilizar la injusticia permite que se derriben murallas culturales y legales.
El Estado tiene la obligación de reconocer, respetar, proteger y cumplir con nuestros derechos. Es necesario que se tomen acciones que conduzcan a la justicia para las mujeres y la erradicación de la violencia de género.
Prensa Provea, 29.10.04.
