Ante las recientes discusiones planteadas alrededor de la despenalización del aborto, es conveniente invocar la perspectiva de derechos humanos.
Al respecto, el Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que “la penalización de todo aborto, no terapéutico, plantea graves problemas , sobre todo a la luz de informes incontestados según los cuales muchas mujeres se someten a abortos ilegales poniendo en peligro sus vidas”.
Anualmente en el país 60.000 mujeres interrumpen su período de gestación y 8.000 son hospitalizadas por complicaciones tras practicarse abortos en condiciones insalubres.
A propósito de esta situación, la misma instancia de Naciones Unidas exhortó al Estado venezolano a enmendar la ley para establecer excepciones a la prohibición general de todo aborto, no terapéutico.
En este sentido, una legislación sobre esta materia será adecuada cuando permita el aborto en distintas circunstancias, más allá de la estricta necesidad de salvaguardar la vida de la parturienta, como por ejemplo, cuando el embarazo es provocado sin el consentimiento de la mujer.
En aras de proteger los derechos de la mujer y su familia, incluyendo su propio derecho a la vida, la despenalización del aborto es una garantía para evitar la muerte de mujeres que se someten a abortos inadecuados por temor a sus consecuencias penales.
Prensa Provea, 15.10.04.
