¿Sabía que en México el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impulsó la importación de productos agrícolas norteamericanos subsidiados a gran escala, causando la contracción de la cosecha mexicana de maíz al extremo de que muchos pequeños agricultores perdieron sus fuentes de trabajo, convirtiéndose en peones migrantes o en desocupados?
¿Sabía que el salario promedio en la industria manufacturera mexicana se deterioró un 6,3% desde la vigencia del TLCAN, y que el costo de la mano de obra para los patrones (que incluye salario, prestaciones y seguridad social) bajó un 23,7%, medido en dólares?
¿Sabía que, de aprobarse el Acuerdo de Libre Comercio para Las Américas (ALCA), los gobiernos no podrán impulsar políticas de “compre nacional” que beneficien a los productores nacionales, pues dicho tratado lo prohíbe; y que los gobiernos nacionales no podrán impulsar o apoyar la fabricación de medicamentos genéricos de calidad, porque su bajo precio compite con los de laboratorios transnacionales?
Por todo lo anterior, los defensores de los derechos humanos afirmamos que un modelo de integración como el propuesto en el ALCA afectará la vigencia y el disfrute de los derechos económicos, sociales y culturales, no sólo de los sectores pobres y excluidos, sino también de vastos sectores del empresariado nacional.
Estas cuestiones deben ser asumidas por gobierno y oposición, para que incentiven una evaluación crítica en torno a la necesidad de subordinar las políticas comerciales a la preeminencia de los compromisos con los derechos humanos asumidos por el Estado venezolano.
Sólo una política concertada de unidad nacional frente a este tema puede lograr otro modelo de integración que verdaderamente beneficie a los pueblos de América.
Prensa Provea, 30.06.03
