Es necesaria una justa distribución de la tierra que permita mejorar la vida del campesino, elevar la productividad en el campo y garantizar la seguridad alimentaria diversificando la producción.
El Gobierno Nacional viene realizando un interesante proceso de adjudicación de tierras que debe continuar y mejorarse, pero en medio de ese proceso surgieron denuncias de atropellos a grandes productores.
La Ley de Tierras y Desarrollo Agrario contempla procedimientos que garantizan el debido proceso y el derecho a la defensa. El Instituto Nacional de Tierras (INTI) debe respetar dichos procedimientos cuando otorga las cartas agrarias a los campesinos beneficiados en el proceso de adjudicación. Por ejemplo, cuando se realiza un procedimiento de expropiación, el INTI debe garantizar al afectado el pago oportuno de una indemnización justa.
Aún cuando el latifundio es nocivo para la economía del país y para el agro, su erradicación no puede efectuarse violando los derechos de los grandes productores.
Mejorar la situación en el campo venezolano requiere del concurso no sólo del Estado y los campesinos, es indispensable también contar con los medianos y grandes productores del campo y con políticas públicas de consenso para el agro venezolano.
Prensa Provea, 20.11.03
