«El Ministerio Público anunció una acción contundente para desalojar a familias que han tomado edificios presuntamente abandonados o no habitados en su totalidad. Nos preguntamos ¿qué alternativas les ofrecerá el Estado venezolano a las familias pobres carentes de vivienda que realizaron dichas acciones? ¿Procesos judiciales o propuestas serias para dotarlas de vivienda digna?.

Se equivocan quienes consideran que reprimiendo a los pobres que carecen de vivienda se acabaran las ocupaciones de propiedades.

Desde los más altos niveles de gobierno se ha estimulado a los sectores populares para que luchen por sus derechos y un sector social ha considerado que ocupar es su mejor alternativa para lograr vivienda digna. Criminalizar a quienes asumieron tales acciones es injusto y contradictorio en momentos en que se reivindica el protagonismo de los sectores populares.

El gobierno debe estudiar la posibilidad de negociar con los dueños de los edificios ocupados pagando de manera justa y oportuna, dar subsidio y crédito a las familias para facilitar la adquisición de tales viviendas. Y si finalmente se requiere el desalojo, ofrecer a las familias alternativas para que no queden en la calle».

Caracas, 06.02.06.

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