El Instituto Municipal de Crédito Popular (IMCP) del Municipio Libertador mantiene a los habitantes de la Urbanización Obrera Municipal “Lídice” bajo la figura de contratos de arrendamiento con opción a compra, contrariando la ordenanza que regula dicha urbanización, que dota de vivienda propia a sus ocupantes.
Por esa razón, en 1995 demandaron la titularidad de los inmuebles mediante una acción judicial que pretendía obligar al municipio a formalizar la titularidad de las viviendas. Las personas afectadas, también ejercieron el derecho de palabra ante la Cámara Municipal, enviaron comunicaciones al presidente del IMCP, a la Alcaldía del Municipio Libertador y al Presidente de la República, sin obtener aún respuesta alguna de las autoridades.
Sobre este caso conviene recordar que el derecho a la vivienda comprende la seguridad jurídica de la tenencia, a través de la cual se garantiza a las personas una protección legal contra el desalojo, el hostigamiento u otras amenazas. Esta seguridad jurídica se ve violentada cuando el Municipio no otorga la titularidad (propiedad) de las viviendas, por ello todas las personas en esa situación deben reclamar la irregularidad de situaciones como éstas.
