Mientras la mayoría de la población disfruta de estas navidades tan distintas a las del año 2002, cuando la conflictividad política nos privó la celebración de las fiestas de fin de año, más de dos mil familias colombianas que desde hace 3 años ingresaron a Venezuela -huyendo de la violencia que azota a su país-, sufren las consecuencias de la insensibilidad de los funcionarios públicos que no les otorgan la condición de refugiados que se merecen por derecho y que les permitiría vivir con dignidad.
De nada sirve que la Constitución reconoce el derecho al refugio, ni la aprobación de una Ley, ni el nombramiento de una Comisión Nacional. Tampoco valió de algo que Provea intentara una Acción de Amparo a favor de estos ciudadanos colombianos ante la Sala Constitucional del máximo Tribunal, pues ya pasaron más de 18 meses y la respuesta es el más absoluto silencio.
Estas son las paradojas de un proceso de cambios que poco o nada ha favorecido a esta población pobre y excluida de Colombia, que parece condenada a ser excluida también en nuestra patria. Recordemos las décadas de los 70 y 80, cuando Venezuela fue solidaria con miles de refugiados de todo el continente perseguidos por las dictaduras militares de turno.
¿Leerá esta columna alguien que tenga en sus manos la decisión que haga pasar una Feliz Navidad a estas familias colombianas? Mientras tanto, estimado lector, si conoce a alguna de estas familias, invítela a su mesa y bríndele el refugio que por derecho y solidaridad se merecen.
Prensa Provea, 11.12.03.
