(Caracas, 23.06.11) La coalición venezolana de organizaciones de derechos humanos, Foro por la Vida, se dirige a la opinión pública, a las organizaciones sociales y populares del país así como a los grupos y redes de derechos humanos internacionales para responsabilizar al ministro venezolano del Poder Popular Popular para las Relaciones Interiores y Justicia, Tareck El Aissami, por cualquier acto violatorio contra la vida e integridad del defensor de derechos humanos Humberto Prado, sus familiares o los integrantes de su organización, el Observatorio Venezolano de Prisiones (OVP).
Antecedentes
1.-Tras los hechos suscitados en el Centro Penitenciario de El Rodeo, el 12.06.11, en el que según las cifras oficiales fueron asesinados, tras una pelea entre privados de libertad, la cantidad de 21 internos y 1 visitante, declaraciones emitidas por el ministro El Aissami en un programa de la estatal Venezolana de Televisión (VTV), el 18.06.11, han reiniciado una campaña de hostigamiento y amenazas contra el director del OVP. Según reseñó el periódico Correo del Orinoco “Durante un contacto telefónico con el programa La Hojilla transmitido por VTV, El Aissami denunció que Humberto Prado, coordinador de la ONG Observatorio Venezolano de Prisiones, ha mentido descaradamente sobre la situación que se vive en El Rodeo II y recordó que éste fue cómplice de la masacre a internos durante los gobiernos de la IV República”.
2.-Las afirmaciones del ministro comenzaron una cadena de señalamientos contra Prado. Una publicación en un blog reveló sus datos personales, entre ellos sus números telefónicos privados y dirección de habitación, terminando el post con la leyenda “Próximamente Datos Familiares…. para que el pueblo lo juzgue. Pena Capital”. Seguidamente el 20.06.11 el sitio web de la estatal Radio Nacional de Venezuela difundió que “se ha desplegado una feroz ofensiva orquestada por la organización Observatorio Nacional de Prisiones, dirigida por Humberto Prado (…) El plan es simple: Humberto Prado maneja las cárceles. Lo único que necesita el plan es el medio de comunicación que establezca vínculo con los familiares. Ahí comienza el plan. Están preparando una guerra interna de reclusos”. En la misma nota agregan que “Este señor –refiriéndose a Prado- estuvo preso por atraco, robo a mano armada y por homicidio”. (http://www.rnv.gov.ve/noticias/?act=ST&f=29&t=159609) Información similar fue divulgada por la agencia estatal de noticias, la cual agrega que un recluso anónimo “denunció este domingo que grupos de Derechos Humanos identificados con la oposición y políticos de la derecha venezolana se han encargado de dar orientaciones a los pranes, internos que comandan las mafias de los diferentes centros penitenciarios del país, a fin de generar caos y culpar al Gobierno Nacional de esa situación”. (http://www.abn.info.ve/node/63669). El 22.06.07 el diario VEA en su página 7 publicó un artículo anónimo en el que afirman que el Departamento de Estado Norteamericano ha “empujado a diversas organizaciones tarifadas (…) con personeros a la cabeza como Humberto Prado (…) de vieja data delincuencial”. El texto también señala a otros miembros de organizaciones de derechos humanos venezolanas. Ese mismo día, alrededor de las once de la mañana, una llamada anónima al domicilio de la familia Prado advirtió a su esposa que el activista “sería el próximo en caer”. La misma amenaza contra el director del OVP fue recibida el mismo día por vía telefónica a dos personas diferentes. Hay que destacar que reiteradamente diferentes periodistas del canal estatal VTV han repetido y aumentado los señalamientos anteriores durante la última semana.
Es deber del estado garantizar el trabajo de defensores y defensoras
3.-Estas acusaciones, iniciadas y legitimadas por el principal funcionario responsable en velar por la vida, seguridad e integridad de los venezolanos y venezolanas, constituyen una violación del artículo 132 de la Carta Magna, que expresa que todos los ciudadanos tenemos el deber de promover y defender los derechos humanos. Asimismo incumplen la Declaración de Naciones Unidas sobre el Derecho y la Responsabilidad de los Individuos, Grupos y Órganos de la Sociedad de Promover y Proteger los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales Reconocidos Universalmente, aprobado por las Naciones Unidas, el cual afirma en su artículo 1 el derecho de toda persona a promover y procurar la protección y realización de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Además, estas acusaciones se enmarcan en el patrón de criminalización que emprenden distintos dirigentes del Estado frente a las denuncias realizadas por los defensores de derechos humanos, atentando contra la actividad que estos realizan y obstaculizando el derecho a la participación y organización.
4.-Las acusaciones contra Humberto Prado no son los primeros señalamientos criminalizadores realizados por el ministro El Aissami contra organizaciones de derechos humanos. En diciembre del año 2008, tras la presentación del Informe Anual realizado por Provea, el ministro incitó a “caerle a zapatazos (…) por las mentiras del informe”. En aquel momento esta organización cuestionó al funcionario por instigar a la violencia y lo responsabilizó de la integridad física de todos los trabajadores de la organización pro derechos humanos.
Por un plan nacional penitenciario
5.-Las organizaciones agrupadas en el Foro por la Vida vienen desde el año 1988 luchando contra la impunidad y por el respeto de los derechos humanos en el país. Expresamos todo nuestro apoyo tanto a Humberto Prado, sus familiares como a sus compañeros y compañeras de trabajo en el OVP. Reiteramos que las descalificaciones no harán desistir el trabajo que venimos realizando de acompañar a las víctimas y potenciales víctimas de violaciones a los derechos humanos. Tampoco abandonaremos la labor de diagnóstico, monitoreo y judicialización de las condiciones de reclusión de los privados y privadas de libertad en el país, y acudiremos a todos los escenarios que hagan falta, establecidos en la Constitución y las leyes, para mejorar las condiciones de las cárceles en el país.
Consideramos que el gobierno tal como lo hizo en el proceso de reforma policial debería convocar a los distintos sectores del país para que entre entes del Estado y sociedad civil, pensemos, debatamos y definamos un Plan Nacional Penitenciario. El deber del Estado es facilitar el trabajo de los defensores y defensoras de derechos humanos. La obstaculización a su labor termina realmente afectando a las víctimas mayoritariamente las más pobres
