Investigar el financiamiento que distintas organizaciones no gubernamentales y asociaciones civiles reciben desde el exterior solicitaron al Ministerio Público Jorge Amorin, Robert Serra y Andreina Tarazona, candidatos a diputados del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
Los aspirantes solicitaron averiguar la procedencia de los fondos que reciben Ciudadanía Activa, Queremos Elegir, Radar de los Barrios, Ojo Electoral, Espacio Público, Control Ciudadano, Una Ventana para la Libertad, Asociación Civil Ronald McDonalds, Súmate, el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), el Comité de Familiares de Víctimas de los sucesos de febrero y marzo de 1989 (Cofavic), Sinergía, Observatorio Venezolano de Prisiones, entre otras.
Los denunciantes sostienen que esas organizaciones, a las que calificaron como «quinta columna», habrían incurrido en traición a la patria por haber recibido recursos de instancias foráneas y las acusan de haber empleado los mismos en la campaña electoral.
La petición de los pesuvistas se produce semanas después de que la Fiscalía hubiera abierto una averiguación contra Espacio Público y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) por la misma razón y de que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) rechazara tramitar una demanda interpuesta por Súmate porque ella recibió dinero de una fundación estadounidense.
Este tipo de medidas han provocado la condena de organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y de plataformas de Derechos Humanos de América Latina, Europa y África, las cuales han recordado que la declaración de las Naciones Unidas sobre defensores de Derechos Humanos autorizan a los activistas pro garantías fundamentales a obtener fondos de la cooperación internacional para alcanzar sus objetivos.
Fuente: www.eluniversal.com
