La impunidad es la norma en el estado Anzoátegui

El 25.08.07, cinco personas se encontraban festejando dentro de una residencia, cuando funcionarios de la Policía de Sotillo ingresaron, sin ninguna orden judicial, y sometieron a los individuos, momentos después Hendrix Salazar perdería la vida a manos de los efectivos policiales.

Después de tres años de proceso, e innumerables retrasos, 12 efectivos del mencionado cuerpo policial fueron privados de libertad.  Los cargos imputados fueron homicidio calificado y motivos fútiles e innobles, en grado de complicidad correspectiva, uso indebido de arma de fuego, simulación de hechos punibles y agavillamiento.

Pero los culpables no se encuentran tras las rejas, andan por las calles.

Situaciones como la anterior se repiten en el estado Anzoátegui donde policías corruptos y violadores de los derechos humanos se combinan con jueces y fiscales cómplices e ineficientes para fomentar la impunidad.

La Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de los Derechos Humanos (Fungapdehca), presidida por Luis Ugas, se ha colocado la labor de denunciar esta situación.

En el marco de esa lucha, el 16.08.10 presentaron un informe a la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz,  con una recopilación 13 casos, los más emblemáticos, y que reflejan la precariedad del respeto a los derechos humanos en la entidad oriental.

Ugas explica que de los casos del informe  “la mayoría son violaciones al derecho a la vida cometidas por la Policía de Sotillo”

“También hago una comparación entre la celeridad procesal que existe para encarcelar a un defensor de los DDHH y la falta de celeridad que se le da a gravísimas violaciones de los derechos humanos” agrega el presidente de la fundación.

El representante de Fungapdehca sostiene “el 70% de los policías que laboran en el estado Anzoátegui están vinculados a diferentes delitos de violación contra los derechos humanos”.

Sobre la respuesta de los organismos competentes Ugas explica “en este informe precisamos que los casos no han tenido respuesta. Los casos tienen entre uno y cinco años, con un retardo procesal inmenso”.

Sobre la actuación del Ministerio Público (MP) el defensor de los derechos humanos asegura que “el MP nos cierra las puertas”, no le dan prioridad a los casos de violaciones de los DDHH y descalifican nuestra labor.

Temor fundado por su vida

El representante de Fungapdehca sostiene que la campaña de descrédito en su contra y la organización responde a una estrategia para neutralizar su labor en defensa de los derechos humanos.

“Quieren que las personas no acudan a la organización a colocar sus denuncias sobre violaciones a los derechos humanos” afirma. Los ejecutores de esa campaña son altos funcionarios policiales señalados por violaciones a los DDHH, señalamientos realizados por la fundación.

“Nosotros llegamos a la conclusión que el trabajo la fundación en el estado Anzoátegui no les gusta. No le gusta ni a los jueces, ni a los fiscales” argumenta el defensor.

Ugas sostiene que, bajo falsas acusaciones y expedientes forjados, pretenden encarcelarme y una vez detenido, posiblemente, terminar con su vida.

“Temo que finalmente se inventen algún delito, me metan preso y manden a horcar como es la modalidad hoy en día (…) en mi casa no vivo, la sede de la fundación tuve mudarla porque la destruyeron. Entonces, si temo por mi vida, por la de mi pareja”.

Prensa Provea, 06.09.10