Mercedes De Freitas, directora de Transparencia Venezuela, explicó ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que en el país el derecho al acceso a la información pública es prácticamente inexistente, “no hay institución de los poderes públicos nacionales donde la opacidad no sea la política oficial”, por lo que solicitó a la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión realizar un informe sobre Venezuela.
Junto a representantes del Colegio Nacional de Periodistas, el Centro de Derechos Humanos de la UCAB, Espacio Público, el Instituto de Prensa y Sociedad y el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa, la ONG participó en el 156 periodo de sesiones de audiencias de la CIDH, sobre la situación del derecho a la libertad de expresión en el país.
En un seguimiento riguroso que la ONG ha hecho y que plasmó en el informe presentado a la Comisión se analizan en detalle dos causas principales que limitan el goce y ejercicio del derecho a la información pública, “un marco legal restrictivo y tendencias jurisprudenciales que lejos de resguardar el derecho obstaculizan su ejercicio”.
Durante la Audiencia, De Freitas presentó el resultado de un estudio realizado por Transparencia Venezuela en 2014, donde se detectó que de 475 instrumentos jurídicos de diverso tipo adoptados entre 1999 y 2014, sesenta contienen disposiciones que establecen restricciones al acceso a la información pública. Asimismo explicó en su intervención que “decisiones judiciales donde los venezolanos lejos de encontrar respuesta a las solicitudes, encuentran nuevos obstáculos, las acciones de amparo son inadmisibles con argumentos que los pedidos de información atentan contra la eficacia y la eficiencia de la administración pública”.
Un caso emblemático representó la demanda contra el presidente del Banco Central de Venezuela, Nelson Merentes, por incumplir su obligación de las variables macroeconómicas del país. El 4 de agosto de 2015, la Sala Político Administrativa lo declaró inadmisible alegando que Transparencia Venezuela no acompañó ninguna prueba que acredite las gestiones que haya realizado para solicitar el cumplimiento.
Durante su participación el representante del Estado, William Castillo, reconoció que “ciertamente hay debilidades que hay que atender». A lo que el comisionado Felipe González, le recordó “que el Estado no se ha hecho cargo de las acusaciones. No ha proporcionado (información) a la Comisión sobre las serias deficiencias al acceso a la información pública que han planteado (las organizaciones civiles) en ésta y otras audiencias».
Felipe González, quien es además Relator para Venezuela y Estados Unidos, pidió visitar Venezuela para constatar en terreno la situación de la libertad de expresión en el país. De igual forma Edison Lanza, relator especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, manifestó “hemos estado en 15 países sin ningún tipo de problema. Por eso, solicitamos visitar Venezuela a la mayor brevedad, para que cese el clima de polarización”.
Descargue aquí el Informe sobre la “Situación del derecho a la libertad de expresión en Venezuela ante la CIDH”
