El Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia, plataforma de impulso a la democracia y los derechos humanos en las Américas compuesta por más de 247 organizaciones, redes y activistas, alerta sobre el peligro que puede suponer para la democracia la investidura otorgada al presidente Hugo Chávez mediante la llamada Ley Habilitante, que le permite legislar a través de decretos, carentes de control político, por un lapso de 18 meses.
Muchos analistas temen que la Ley Habilitante, aprobada por la bancada oficialista en el Parlamento venezolano, le permita al presidente Chávez anular la nueva Asamblea Nacional que entraría en ejercicio en enero de 2011 y que cuenta con amplios escaños en manos de partidos opositores al gobierno.
La Ley Habilitante puede traer nefastas consecuencias para la democracia y el respeto a los derechos humanos. Existen además, otras iniciativas que menoscaban las libertades fundamentales. La reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión y Otros Medios; cuyas incorporaciones regulan, limitan, controlan y restringen Internet, se constituye en una grave violación al derecho a la información, libertad de prensa y por ende la libertad de expresión.
Otro de los casos más polémicos es el de las expropiaciones masivas en el departamento de Zulia, donde Chávez ha expulsado a ganaderos y agricultores con títulos de propiedad y escrituras públicas, confiscando más de 25000 hectáreas de terreno. Esto en la que se considera, la zona productora de alimentos más importante de toda Venezuela. Las expropiaciones han contado con la protesta pacífica de diputados, productores, agricultores y grupos de sociedad civil organizada; los cuales expresan la inexistencia de motivos económicos o políticos válidos para dar pie a las expulsiones. Sin duda alguna, esto constituye una seria lesión a la propiedad privada y menoscaba el libre ejercicio de los dueños sobre las tierras que poseen.
Las expropiaciones se han realizado con la presencia de las Fuerzas Armadas y el Ejército venezolano, lo que ha significado claras represiones contra quienes obstaculizan la toma de los terrenos.
Con base en lo anterior, el Secretariado Permanente de la Red Latinoamericana y del Caribe para la Democracia:
· Insta al gobierno venezolano a respetar la supremacía constitucional y el control político que debe ejercer la Asamblea Nacional sobre las decisiones que atañen a la sociedad civil venezolana. Es deber del gobierno, respetar la soberanía popular y el principio de pesos y contrapesos necesario en toda democracia.
· Hace un llamado a la Organización de los Estados Americanos (OEA) como cuerpo colegiado hemisférico, a los Estados miembros, a las organizaciones defensoras de los derechos humanos y demás organismos para tomar cartas en el asunto y analizar la justificación que existió para la aprobación de la Ley Habilitante, la reforma a la Ley de Responsabilidad Social en Radio, Televisión Otros Medios, y las expropiaciones masivas.
