Ante el aumento de denuncias de personas que han sido víctimas de homicidios, heridas por arma de fuego, perdigones y objetos contundentes así como vulneradas y atemorizadas por los hechos cada vez más violentos en un ambiente de polarización e intolerancia política en Venezuela, la Red de Apoyo por la Justicia y la Paz, organización social de promoción y defensa de los derechos humanos, se solidariza con las víctimas y sus familiares y llama a denunciar todos aquellos casos de violaciones de derechos humanos que han ocurrido en fechas recientes.
La Red de Apoyo condena todos los homicidios y los ataques ocurridos en el marco de las protestas sucedidas en el país en el mes de febrero de este año.
Recuerda que la tortura (golpes y maltratos contra personas detenidas) es un delito que no se puede tolerar de ninguna manera, no prescribe y conlleva sanciones y penas mayores a 15 años de prisión para los responsables de la misma así como a sus encubridores.
Que en Venezuela están prohibidos los tratos crueles, inhumanos o degradantes como disparar contra personas a corta distancia perdigones y bombas lacrimógenas, golpear a personas mientras huyen o están detenidas, mostrar armas de fuego o simular su disparo, entre otras acciones que son punibles.
Que la reciente aprobada Ley para Prevenir y Sancionar la Tortura y otros Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes establece graves sanciones de prisión a los médicos o médicas forenses que falseen informes médico legales u omitan la mención de signos de tortura o maltrato, por lo que hacemos un llamado a todas las personas que han sido víctimas de algún abuso o violación de derechos humanos a denunciarla formalmente ante el Ministerio Público.
Así mismo, recordamos que las protestas y manifestaciones son lícitas, legítimas, necesarias en la construcción de una democracia participativa siempre y cuando sean pacíficas y sin armas.
Que el Gobierno Nacional tiene la obligación de garantizar los derechos humanos de todas las personas y no permitir que se acose, atemorice o violente a ninguna persona o sus bienes, menos aún en caso de manifestaciones multitudinarias y para ello debe ceñirse a la ley que establece claramente las “Normas sobre la actuación de los cuerpos de policía en sus diversos ámbitos político territoriales para garantizar el orden público, la paz social y la convivencia ciudadana en reuniones públicas y manifestaciones” (Gaceta Oficial Nº 39.657 del 15-04-2011), las cuales también, establecen mecanismos para prevenir y sancionar cualquier tipo de maltrato policial durante el desarrollo de reuniones públicas, manifestaciones y protestas ya sean pacíficas o violentas.
No debe permitirse la presencia de funcionarias o funcionarios policiales o militares armados cerca de donde se estén realizando reuniones o manifestaciones públicas como tampoco puede permitirse la presencia de civiles armados en dichas reuniones o manifestaciones públicas o en su cercanía. Debe ser sancionada tanto la tenencia como la exhibición de armas de fuego.
Por último, hacemos un llamado a las ciudadanas y los ciudadanos, al Gobierno Nacional y a los Gobiernos Estadales y Municipales, a las dirigentes y los dirigentes políticos a realizar acciones concretas y visibles de tolerancia e inclusión renovando esfuerzos en la construcción de una sociedad democrática orientada al respeto, la paz y la convivencia ciudadana.
Acerca de la Red de Apoyo Por la Justicia y la Paz:
La Red de Apoyo por la Justicia y la Paz es una organización no gubernamental, sin fines de lucro, que promueve y defiende los Derechos Humanos en Venezuela desde 1985. Con una perspectiva Inter y multidisciplinaria, la Red de Apoyo: 1. Denuncia jurídica y comunitariamente los casos de violación del derecho a la vida, integridad personal, libertad y seguridad personal e inviolabilidad del hogar. 2. Atiende médica, psicológica y sociopedagógicamente a las víctimas de tortura y a familiares de víctimas de abusos policiales o militares. 3. Promueve políticas públicas en materia de Derechos Humanos. 4. Realiza actividades de promoción y difusión, y general procesos de educación en Derechos Humanos.
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Periodista: Gabriela Buada Blondell
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