A nuestra casa editora se trasladaron Víctor Martínez, Carlos Mellizo y Giovanni Grosso, manifestando su inquietud, ya que desde hace algunos años se encuentran pidiendo justicia por sus familiares, que han sido víctimas de la impunidad.
Alegan que no se les está prestando atención a tales casos, y que cada uno lleva entre diez, seis y cuatro años respectivamente esperando respuestas y justicia para sus familiares.
Por su parte, Víctor Martínez expresó que lleva cuatro años a la espera de que se haga justicia en su caso, indicando que se ha trasladado a la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, al Consejo Legislativo del estado Lara y a diversos entes relacionados con la justicia, pero que de ninguno ha recibido respuestas.
Asimismo, Carlos Mellizo mencionó que tiene casi 11 años esperando se haga justicia por la muerte de su hijo, quien fue asesinado de un disparo en el pecho, presuntamente por un funcionario adscrito a la Guardia Nacional.
Indicó que durante estos diez años aún no se encuentra tras las rejas el asesino. Mencionó que solo dos juicios se han realizado por este caso y que en los dos ha resultado culpable el acusado, pero se encuentra libre ya que han suspendido la sentencia presuntamente porque en el juicio se han dado varios errores.
Mellizo dijo que se le ha concedido medida de presentación, primero por 15 días, pero ahora se la extendieron a 45 días, lo que él considera un atropello. Hizo referencia a que se establece en la ley que si el acusado con este beneficio no se presenta en la sala ante un juicio pierde este derecho, y según Carlos Mellizo el funcionario ya ha faltado a dos, pero que este aún goza del beneficio.
De igual forma, Giovanni Grosso expresó que ya han pasado seis años de la desaparición de su hermano José Rafael Grosso y no han recibido ningún tipo de información por parte de los tribunales.
Comentó que la Asamblea Nacional está enterada del caso y «se encuentra investigando hechos de corrupción, sucesos políticos. Nosotros no estamos en contra de que investiguen lo que tengan que investigar, pero por qué desde el 2010 la comisión de Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, que ha recibido nuestras denuncias, ni siquiera nos han llamado para decirnos que las investigaciones van encaminadas o que hayan llamado a los presuntos autores de estos hechos a declarar”, mencionó Grosso. (Raudimir Rodríguez, El Impulso, 06.12.13)