En Anzoátegui la combinación de tres factores mantiene en impunidad a los delitos contra los derechos humanos, por una parte, la acción irregular e ilícita de los organismos policiales, por otra, la complicidad de fiscales y jueces de la región oriental y la censura de los medios de comunicación a esos hechos.

Lo anterior, corresponde al diagnóstico que realiza la Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos (Fungapdehca) sobre la situación de los derechos humanos en el estado oriental.  Luis Ugas, presidente y vocero de la fundación, conversó con Provea sobre estos temas. (Ver informe)

Ugas sostiene “en Anzoátegui hay una sociedad de cómplices, fiscales del Ministerio Público y sus organismo auxiliares, acompañado muchas veces por un silencio cómplice del ciudadano gobernador, que nunca se ha pronunciado en cuanto a la violación de derechos humanos en el estado, por el contrario, dice que no hay violación a los derechos humanos en el estado Anzoátegui y es uno de los estados donde los funcionarios policiales violan más los derechos humanos”.

Con respecto a la complicidad de los fiscales el vocero de la fundación “a mí me montaron en dos días un expediente con 200 folios y cuando hay casos con suficientes pruebas para llevar a juicio a los responsables pasan años sin ocurrir nada”.

Sobre la no publicación de información sobre violaciones a los DDHH que ocurren en Anzoátegui, Ugas sostiene que los medios primero hablan con funcionarios policiales o fiscales para filtrar la información que finalmente publicarán.

Ese bloqueo informativo motivó una manifestación pacífica contra los diarios de Anaco El Tiempo, El Impacto y La Noticia. En dicha protesta integrantes de Fungapdehca, acompañados de 30 familiares y víctimas de abusos policiales, solicitaron a estos medios el cese de la censura a estos casos. (ver anexo 1 y 2)

El llamado que realiza a las autoridades competentes es a depurar estos organismos, agrega “el llamado es a sacar todo lo malo de estas instituciones. Creemos en la institucionalidad, lo que no creemos en estas personas que representan esa institucionalidad (…) que no representan intereses colectivos, sino intereses particulares”.

Prensa Provea, 21.09.10

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