La postulación del general Roger Cordero Lara, quien ha sido acusado de participar en la masacre de Cantaura (4 de octubre de 1982), como diputado de la Asamblea Nacional, por el estado Guárico, según el abogado Marino Alvarado, coordinador de la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), forma parte de una tendencia del gobierno del presidente Hugo Chávez de encubrir a funcionarios involucrados en masacres durante la IV República.

“La candidatura del general Cordero Lara, en realidad, no nos sorprende”, sentencia Alvarado en entrevista en la redacción de La Razón. “Por cierto, tenemos entendido, extraoficialmente, que es hermano de Willian Lara”.

Afirma que el gobierno ha sido inconsecuente y demagógico con las masacres de Yumare, Cantaura y El Amparo. “Si bien ha cuestionado tales hechos y los ha citado como ejemplos de graves violaciones de los derechos humanos, no ha sido consecuente en facilitar los procesos de investigación y sanción a los responsables”, explica.

Por el contario, lo que ha hecho es encubrir a algunos de los responsables, señala. “Vemos como el gobierno les ha dado cargos públicos de importancia a personas que tienen directa responsabilidad en alguna de esas masacres; y, además, ha torpedeado algunos avances en las investigaciones”, agrega.

– ¿Cuál fue la participación exacta del general Cordero Lara en la masacre de Cantaura?

– Él era uno de los pilotos de los aviones que bombardearon el campamento del Frente Guerrillero Américo Silva. Recordemos que en el caso de Cantaura se hizo una operación militar donde actuó el ejército venezolano, la Dirección de Inteligencia Militar y la Disip. Por primera vez se usaba la Fuerza Armada para bombardear un campamento guerrillero. Cordero Lara llegó a la más alta jerarquía en la Fuerza Armada, inclusive, fue condecorado por el Presidente de la República quien llegó a catalogarlo como militar revolucionario.

– ¿Cuál es el estatus jurídico del general Cordero Lara?

– Yumare, El Amparo y Cantaura tienen sentencias de tribunales militares muy similares. Se declara allí que los militares participaron en esos hechos y les dieron muerte a las víctimas pero lo hicieron bajo legítima defensa. Las tres sentencias tienen la misma argumentación. Desde Provea decimos que identificar los autores materiales de las masacres es sencillo porque está en los expedientes. El caso de Yumare estaba clasificado como secreto militar pero se logró desclasificar y los familiares pudieron conocer cómo se manejó judicialmente. Con Cantaura lo desclasificó el gobierno y con El Amparo hemos podido tener acceso al expediente y  es por ello que afirmamos que Enrique Vivas Quintero, José López Sisco y Ramón Rodríguez Chacín son autores intelectuales.

“Por tanto, Cordero Lara está absuelto por la justicia militar en procesos totalmente amañados y desarrollados con el único propósito de producir impunidad”, añade.

IMPUNIDAD

– ¿Cómo ha seguido Provea el caso específico del general Cordero Lara?

– Cantaura no lo hemos manejado directamente. En el caso de El Amparo cada seis meses hacemos un rastreo de información. Tenemos actualizado qué hacen cada uno de los masacradores de El Amparo. El 1 de agosto se jubiló uno, hace un año falleció otro de los masacradores, otro ocupa un cargo importante en el CICPC, algunos están asesorando a organismos del Estado y otros están en la oposición. Dentro de poco, Provea enviará una comunicación formal al Psuv y al PCV a propósito de la postulación de Cordero Lara; y una comunicación personal a Oscar Figuera.

– Además, con Cordero Lara se estaría generando un precedente muy peligroso en materia de impunidad. Si llegase a ser diputado quedaría protegido con la inmunidad parlamentaria, así que la única posibilidad para enjuiciarlo es que la Asamblea Nacional le retire la inmunidad. Por tanto, el Psuv y el PCV se están jugando la carta de la impunidad.

– ¿A cuáles instancias internacionales se podría acudir para denunciar esta postulación?

– En principio, a ninguna. Creo que es un debate y una lucha que se debe dar en el país, y no sólo por parte de las organizaciones de derechos humanos sino las bases del Psuv y el PCV. Y de esta manera, adecentar a esos partidos de gente de esa naturaleza, que participaron en masacres y hoy se presentan como grandes revolucionarios.

COMPLICIDAD

Señala que Cordero Lara va en el mismo circuito electoral que el diputado Oscar Figueras, del PCV. “Causa extrañeza que el Partido Comunista de Venezuela guarde silencio en esta situación, precisamente, cuando tanto cuestiona la impunidad en Colombia. Pero, también hay que señalar que los partidos de la oposición han sido inconsecuentes y cómplices: por ejemplo, López Sisco, quien tiene uno de los prontuarios más aterradores en cuanto a violación de derechos humanos en Venezuela, fue hasta hace poco asesor de seguridad de Manuel Rosales”.

“Vemos como Algunos de estos masacradores han sido asesores de seguridad en gobernaciones y alcaldías. Es decir, pareciera que en el mundo político, de la oposición y del chavismo, hay complicidad con esas personas que son responsables de graves violaciones de los derechos humanos y que deberían estar encarceladas. Sin embargo, han sido favorecidas por la justicia con sentencias absolutorias”, dijo.

AUTORES DE MASACRES

Recalcó que a lo largo de los once años de gobierno, algunos autores materiales e intelectuales de algunas de estas masacres han ocupado altos cargos. “Por ejemplo, Enrique Vivas Quintero, fue jefe de finanzas del MVR, después fue candidato y luego diputado por el Parlamento Latinoamericano por el Pusv”.

“Asimismo, Enrique Vivas Quintero ha sido señalado por las organizaciones de derechos humanos como uno de los autores intelectuales de la masacre de El Amparo, él era comandante del Comando José Antonio Páez que actuó en esos hechos”.

De igual manera, Alvarado mencionó a Ramón Rodríguez Chacín quien se desempeñó en dos ocasiones como ministro del Interior y Justicia: “Él fue uno de los autores intelectuales de la masacre de El Amparo, y también participó en lo que se conoció como los Amparitos, cuatro masacre ocurridas antes de El Amparo. Rodríguez Chacín estuvo procesado en tribunales militares y lo declararon no culpable”.

“Otra persona que participó directamente en El Amparo fue director de seguridad en la Gobernación del estado Anzoátegui, durante el primer año de gobierno de Tarek William Saab. Y estamos hablando de Tarek, alguien conocedor del tema de los derechos humanos”, agrega.

–  ¿A qué se debe la protección del gobierno a estas personas acusadas de participar en masacres?

– Han ocupado cargos importantes y son amigos del gobierno y como tales no hay un interés real para que estas personas paguen por su responsabilidad en esas masacres.

ENCUBRIMIENTO

– ¿Qué opina de la reapertura de algunos juicios en tribunales ordinarios?

– Se espera que haya avances en la investigación que se da por petición de los familiares. La Fiscalía investiga las masacres de Cantaura y Yumare, pero desafortunadamente, no quiere avanzar con El Amparo. Parece una actitud consciente de la Fiscal General de la República, cuando hay muchas más razones para investigar. En El Amparo hay una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el 29 de enero de este año, en Costa Rica, el Estado venezolano se comprometió a presentar un cronograma que deriven en resultados.

–  ¿Cuál ha sido el tratamiento de la Fiscalía en la investigación de El Amparo?

– No ha habido voluntad política por parte de la Fiscal General. Ella se ha reunido con familiares y víctimas de Cantaura y Yumare pero no en el caso de El Amparo.

–  ¿A qué se debe ello?, ¿quizás por la participación en El Amparo de militares que han estado relacionados con el gobierno?

– Suponemos que no se quiere poner el dedo en la llaga y esto significa tocar a autores intelectuales de la masacre donde casi todos tienen vinculación con el gobierno, a excepción de López Sisco. No puede haber un trato discriminatorio en la lucha contra la impunidad. Todos los familiares de las víctimas tienen los mismos derechos, por tanto, se debe investigar con la misma intensidad para sancionar a los culpables. La Fiscal está discriminando a los familiares y víctimas de El Amparo.

DERECHOS SOCIALES ESTANCADOS

–  ¿Cuál es la situación de los derechos humanos en Venezuela?

– Desafortunadamente, se han ido deteriorando. En materia de derechos sociales ha habido avances importantes pero se han estancado y retrocedido. Por ejemplo, se ha estancado la lucha contra la pobreza, las cifras del INE indican que en catorce estados se ha incrementado la pobreza. También nos preocupa la situación con el desempleo. Y algunas misiones que lograron tener incidencia en las familias venezolanas, también se han deteriorado por falta de presupuesto.

– En materia de derechos políticos y civiles ha habido una restricción de libertades democráticas. En Venezuela se ha restringido el derecho a huelga a través de trabas del Ministerio del Trabajo y de leyes que niegan ese derecho e, inclusive, establecen una sanción. Asimismo, se criminaliza la protesta, tan sólo en el primer semestre del 2010 hubo mil quinientas protestas. En la medida que la gente ha protestado se han abierto juicios en su contra. Otra situación son también las restricciones a la libertad de expresión, hay más obstáculos para exigir sus derechos. Asimismo, las policías siguen ejecutando.

–  ¿Cuántas denuncias han recibido de violación de los derechos humanos por parte de efectivos de la Policía Nacional?

– Las denuncias de violaciones de derechos humanos cometidas por la Policía Nacional han sido mínimas. Esto es indicativo que una política de Estado bien estructurada podría permitir respeto a los derechos humanos. Aunque todavía es muy temprano para evaluar a la Policía Nacional.

FINANCIAMIENTO

¿De dónde provienen los recursos de Provea?

– Provienen de múltiples fuentes, como parte de nuestra política hacemos auditorías y colocamos los resultados en nuestra página web. Casi en su totalidad son de financiamiento internacional. Desde que se fundó Provea, y como parte de su política, no recibimos recursos del gobierno venezolano ni del sector privado, y esto para garantizar mayor independencia. Hemos recibido recursos de organizaciones internacionales, de la Unión Europea, el gobierno sabe cuánto recibimos y en qué lo usamos porque estamos obligados a declarar impuestos.

Se radicaliza la protesta

– ¿Qué opina de los casos de Franklin Brito y de Lilian Sanguino?, ¿por qué se recurre cada vez más a la huelga de hambre como forma de protesta?
– Cada vez la huelga de hambre es usada por distintos sectores sociales. Esta forma de protesta era anteriormente usada por los presos. Antes de la muerte de Franklin Brito hubo también una huelga de hambre por parte de trabajadores de una concesionaria de Pdvsa en el Zulia. Luego se sumó un empresario portugués y una trabajadora del Inces. Hay una radicalización de la protesta en Venezuela y se añade pequeños sacudones como los habido en Curiepe, en Mérida, han sido pobladas que han superado la fuerza pública. La gente cada vez se siente desesperada ante la indolencia de los entes públicos para dar respuesta. Las personas que recurren a la huelga de hambre ya han agotado todos los recursos.

“No hay diálogo con el gobierno”

– ¿Hay discriminación política?

– Desde los altas jerarcas se mantiene la discriminación como política y la han aplicado en el mundo laboral. La polarización política lleva a la discriminación en distintas áreas.

¿Cómo obstaculiza la polarización política la defensa de los derechos humanos?

– Lo afecta mucha, en especial, dificulta el diálogo con el Estado. El gobierno debe trabajar con las organizaciones de la sociedad civil en el diseño de políticas públicas. La polarización ha colocado una barrera entre las organizaciones defensoras de los derechos humanos y el Estado. Hemos insistido en el diálogo, ni siquiera lo ha habido con la Defensoría del Pueblo que, además, se coloca al lado del gobierno en el ataque de estas organizaciones.

Condenan a muerte

– ¿Cómo ve la situación con la inseguridad?

– Afecta varios derechos humanos, y el primero es la vida. Pero, no es posible avanzar en garantizar más seguridad a los ciudadanos si no se logra un consenso en el país para definir una política integral. La polarización ni siquiera permite que el Estado coordine con las demás dependencias gubernamentales. El gobierno ha desperdiciado una gran oportunidad con la experiencia de la comisión de reforma de la policía nacional. Sin embargo, el gobierno ha manejado este tema con gran irresponsabilidad. No se ha entendido que el problema de la inseguridad no es sólo un asunto de represión sino de prevención, y para prevenir hay que trabajar con las organizaciones sociales independientemente de su tinte político.

¿Qué lectura tiene de las declaraciones del general Antonio Benavides, comandante del Core 5, quien afirmó que el destino final de un delincuente es la cárcel o bajo la tierra?

– El general Benavides ocupa un cargo importante en la Guardia Nacional. Sus palabras se pueden entender como una orientación que él está dando a sus subalternos, y eso es riesgoso para el tema de los derechos humanos. Sus propias palabras desconocen la Constitución y la Ley de Policía Nacional, que establecen el uso de la fuerza para causa mínimo daño. Lo que dice, entonces, el general es que cuando se enfrente al delincuente se debe causar el mayor daño posible, es decir, la muerte. Sus declaraciones fueron respaldadas luego por el ministro Tarek El Aisami, y son absolutamente contrario a lo que se enseña en la Policía Nacional. Es un discurso que condena a muerte a los presuntos delincuentes y es grave cuando sabemos que un alto porcentaje se trata de ejecuciones policiales, es decir, no son enfrentamiento, por tanto, se estaría en presencia de delitos policiales.

Publicado en la La Razón (Tomado de Enfoque365)

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