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Calificaciones de despido, detenciones, persecución del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) y mayor presencia de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) en los conflictos sociales es la tendencia con la que el Gobierno ha enfrentado las protestas laborales en los últimos dos meses.

El patrón de control de manifestaciones, que ya se había observado en las protestas callejeras de entre febrero y mayo propulsadas por estudiantes y un sector de la Mesa de la Unidad (MUD) en contra del presidente de la República, Nicolás Maduro, se ha extendido al terreno laboral justo cuando la crisis económica golpea más fuerte.

De acuerdo con los datos del Banco Central de Venezuela (BCV), la inflación de Ciudad Guayana no sólo es el registro local más alto desde 2008 (cifras de agosto 2014) sino que, además, supone que en un año un habitante paga más de la mitad por el mismo producto que en agosto de 2013, pues la inflación anualizada en la región se ubicó en 64.1 por ciento.

El Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario, y el Sindicato (Fadess) ha planteado la necesidad de fortalecer el movimiento para detener “la violencia institucionalizada por parte del gobierno contra toda protesta de los trabajadores”

Con este panorama económico, las expectativas de los trabajadores se han hecho cuesta arriba de cumplir para el gobierno. La consigna del subsidio con el que Maduro llegó al poder ha sido sustituida por el de producción y optimización de los recursos.

Algunas corrientes sindicales, como la Unión Nacional de Trabajadores (Unete), sostienen que no se trata de un patrón particular de Guayana, sino una política nacional que pretende acallar el descontento ante un escenario de recesión mucho peor.

La coordinadora de la Unete, Marcela Máspero, apunta entre estos casos a los del centro occidente del país donde el Sebin ha venido actuando para contener las manifestaciones.

“Ante la imposibilidad de dar respuesta vemos hechos como éstos, y como los del ministro de Industrias, José David Cabello, donde dijo que una cuerda de arrimados pretende decirle cómo dirigir las empresas, cuando los arrimados son ellos”, analizó Máspero a propósito del comentario de Cabello en Sidor la semana pasada. “Ya los trabajadores no soportan toda la falta de respeto”.

En busca del diálogo

Aunque ha sido un patrón generalizado, la huelga en Sidor ha puesto de manifiesto el declive del diálogo social y la imposibilidad del Ejecutivo de sostener una política sostenida de resolución de conflictos.

A finales de 2013, las reuniones con los sindicatos del aluminio del entonces presidente de la Corporación Venezolana de Guayana (CVG), Carlos Osorio, contuvieron un predecible escenario conflictivo y dio paso a los consensos.

Pero ahora “esas discusiones se acabaron, ahora lo que viene es represión”, concluyó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Alcasa (Sintralcasa), Henry Arias, en una rueda de prensa en la que condenaron la persecución a los trabajadores y los despidos en CVG Venalum.

Ese diálogo demandado por los líderes sindicales ha sido desechado en el caso más reciente de la Siderúrgica del Orinoco Alfredo Maneiro (Sidor), donde la fragmentación del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss), sembrada y abonada por el gobierno con la creación de grupos paralelos y el desplazamiento de la institucionalidad, derivó en una huelga por la transparente discusión de las cláusulas económicas del contrato y el respeto a los estatutos sindicales.

Ante el rechazo de los sidoristas, el Ejecutivo presionó el arranque de la planta con la GNB, con la calificación de despido de 13 trabajadores publicada en prensa y ahora, con la detención de tres dirigentes del círculo del presidente del Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y Sus Similares (Sutiss), José Luis Hernández.

El líder siderúrgico, seguidor del chavismo, ha dicho en el marco de la protesta que la “revolución murió con Chávez” y que el objetivo es silenciar a “los dirigentes que no se venden”.

Oportunidad de reencuentro

Esa posibilidad de ser criminalizado por contravenir al gobierno ha evidenciado, para el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Sidetur (Sutrasosicays), Alejandro Álvarez, que el reclamo de los beneficios socioeconómicos pase a segundo plano. “Aquí lo que está en juego es más allá”.

Los dirigentes, seguidores del chavismo, han identificado a un sector del Gobierno que, en su opinión, pretende criminalizar las protestas usando a grupos armados. “Ya nosotros lo vivimos y fue con un sector del PSUV”, contó a propósito de la estatización de Sidetur en 2011.

La intención, considera el director laboral de Sidor, Jhonny Luna, “es acabar con los sindicatos con una política sistemática. Comenzaron con el sindicato emblema del país (Sutiss), para luego transferir ese poder a los consejos de fábrica”.

En una comunicación, Luna apunta a indicadores que, en su opinión, son claves en la coacción de la dirigencia sindical descontenta: usan “traidores” y “esquiroles” como una nueva forma de intervención del sindicato, acompañado de “amedrentamiento, persecución, despidos, agresiones, terrorismo laboral y militarismo”. “Se deben atacar a las mafias que permanecen intactas, privilegiadas y con más poder, y no a la institución sindical, por eso el llamado a que nos mantengamos alertas”, exhortó.

Ante ese escenario, algunas organizaciones nacionales han tanteado la posibilidad de convocar a una protesta nacional a propósito de la ola de detenciones y persecución, pero ante la falta de cohesión del movimiento sindical la propuesta se ha dilatado.

El Frente Autónomo en Defensa del Empleo, el Salario, y el Sindicato (Fadess) ha planteado la necesidad de fortalecer el movimiento para detener “la violencia institucionalizada por parte del gobierno contra toda protesta de los trabajadores”. Así lo manifiestan en voz del dirigente Pablo Castro.

Aunque la propuesta de una marcha está sobre la mesa, esta semana la Unidad de Acción Sindical ha preparado una agenda de reclamo y exposición del conflicto en Sidor en el ámbito internacional. El anuncio lo hizo Máspero a propósito de las amenazas en contra de los trabajadores de Sidor y las últimas detenciones en la siderúrgica.

El patrón de la criminalización

Detención. Rederick Leiva, Leinys Quijada y Heberto Bastardo privados de libertad el pasado 21 de agosto acusados de tráfico de armas y asociación para delinquir. Los trabajadores pertenecen al Movimiento Revolucionario Orinoco (MRO), del cual es líder el presidente de Sutiss, José Luis Hernández; otros 14 sidoristas fueron detenidos a mediados de agosto luego de las protestas de calle. El secretario general de Sintraferrominera, Rubén González, es una de las víctimas de ese esquema; dirigentes también reclaman la libertad del trabajador de Ferrominera, Rodney Álvarez, a la espera de un juicio desde hace tres años por su presunta autoría en la muerte del ferrominero, Renny Rojas del movimiento juvenil del PSUV en 2011.
https://www.youtube.com/watch?v=uICdz_EcHqo

Acoso. Dirigentes sindicales del Hospital Clínico Universitario fueron agredidos por grupos armados cuando protestaban por la falta de insumos y medicamentos en las inmediaciones del centro asistencial en septiembre de 2014. Ese mismo esquema lo enfrentaron dirigentes sindicales en Guayana en 2011, cuando grupos de la construcción intentaron quebrar las protestas en las empresas del aluminio. Caso emblemático el del entonces secretario general de Sutralúmina, José Morocoima, agredido en el portón de CVG Bauxilum.

Despidos. 13 trabajadores de Sidor están calificados de despido, otros 33 en CVG Venalum aparecen en lista para su retiro de la fábrica, mientras que en Lara se anuncia el cese a 3 mil contratados del Ministerio de Educación debido a déficit de presupuesto. En Ferrominera un grupo de ocho trabajadores lideró una protesta por siete meses reclamando su reenganche en 2012; los empleados habían atestiguado en defensa de Rodney Álvarez y en contra del movimiento 21 del PSUV.
Seguimiento del Sebin. Trabajadores de Sidor protestaron por alcabalas colocadas por el Sebin y la irrupción de los organismos de seguridad en casa de trabajadores, como el caso del calificado de despido José Rodríguez, en donde funcionarios le mostraron a sus familiares fotografías en las que se les acusa de “desestabilizar” al país. (Clavel Rangel, Corrreo del Caroní, 29.09.2014)

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