Reportaje: El que protesta muere

Enredados en lentos procesos judiciales, los más recientes casos de asesinatos en manifestaciones callejeras corren peligro de pasar inadvertidos. Estamos ante la reaparición de una tendencia. De acuerdo con Provea durante la gestión del actual gobierno se habían producido muertes en manifestaciones pacíficas en dos períodos: 1999-2000 y 2004-2005.

Desde 1999 y hasta septiembre de 2009 la data de la organización de derechos humanos Provea registra 16 personas asesinadas por organismos de seguridad en el marco de manifestaciones callejeras, además de los 19 muertos que cuentan en el contexto de los sucesos de abril de 2002. Protestar, se sabe, en este país se ha tornado peligroso, especialmente por la marcada tendencia a usar mecanismos de la justicia para criminalizar el ejercicio de ese derecho.

De acuerdo con Provea durante la gestión del actual gobierno se habían producido muertes en manifestaciones pacíficas en dos períodos: 1999-2000 y 2004-2005. Ahora, desde 2008 la cuenta macabra vuelve a sumar y no está exenta de tinte político. A continuación algunas de esas lamentables historias que parecen diluirse en la vorágine del día a día y entre el papeleo judicial que no es noticia.

Yuban Ortega Urquiola

Un «objeto circular translúcido». Eso es lo que dice la formalidad que le encontraron en la cabeza: una metra que le desprendió la masa encefálica. Una metra que mató a Yuban Antonio Ortega Urquiola y que al parecer fue disparada por agentes de la Policía de Mérida durante una protesta pública el 28 de abril de 2009.

La noche del jueves 30, Ortega dejó de respirar en una sala del Hospital Universitario de los Andes. Para entonces, nueve funcionarios policiales ya estaban detenidos por el caso: Osman José Vera Varela, Pablo Emilio Parra Hernández, Ramón Isidro Mercado Ramírez, Freddy Altuve Fernández, José Angel Dávila, Gisela Peña Rangel, Javier Pérez Uzcátegui, Julio César Carucci Calle y Luis Márquez Escalona.

El acta de presentación de los agentes del 1 de mayo dice así: «(… ) la Fiscalía actuante concluye que algunos funcionarios policiales que actuaron en el procedimiento, los cuales portaban armas de fuego, tipo escopeta, presuntamente realizaron disparos en contra de los manifestantes colocando en los cañones de sus armas objetos esféricos, denominados metras… «.

Yuban Ortega, de 24 años, era el presidente del Centro de Estudiantes del Instituto Universitario Tecnológico de Ejido, donde era alumno de Ciencias del Agro y a quien, tras su muerte, seguidores del chavismo reivindicaron como uno de los suyos.

Ese 28 de abril obreros, docentes y estudiantes acordaron acciones de protesta callejera en reclamo de pagos pendientes a la nómina del instituto y para exigir mejor presupuesto para su funcionamiento. En ese contexto hubo un choque con la policía regional y Ortega resultó herido dentro de las instalaciones del IUTE.

Del grupo de funcionarios, en septiembre se ordenó el pase a juicio sólo de tres: José Oscar Ángel Dávila, Pablo Emilio Parra Hernández y Julio César Carucci, todos por la presunta comisión de los delitos de homicidio calificado cometido con alevosía en grado de complicidad correspectiva, uso indebido de arma de fuego y quebrantamiento de principios internacionales. Los policías siguen detenidos en el Centro Penitenciario de la Región Andina mientras se desarrolla el juicio.

Yorsinio Carrillo

Tenía 15 años, estudiaba cuarto año de bachillerato en el liceo Alberto Carnevali de Mérida y su vida terminó con un balazo en el pecho.

El 25 de enero de 2010, al final de la tarde, Carrillo participaba en una manifestación de estudiantes pro oficialistas en los alrededores de las residencias Las Marías, en la avenida Las Américas. Ese fue un día agitado en Mérida, con la ciudad convulsionada por varias protestas callejeras en contra y a favor del Gobierno.

Algunas versiones iniciales indicaban que Carrillo y otros jóvenes habrían sido víctimas de una suerte de emboscada por parte de personas no identificadas, pero ese mismo día el ministro de Interior y Justicia, Tareck el Aissami, asomó la hipótesis de que alguien había hecho los disparos desde uno de los edificios vecinos. También, claro, acusó añadiendo un filón político a la tragedia y a la jornada de protestas en la que hubo más heridos, incluyendo dos agentes policiales alcanzados por disparos: «Son los mismos grupos fascistas, de la derecha y del movimiento estudiantil contrarrevolucionario que creen que por su condición de estudiantes tienen derecho a incendiar al país».

Dirigentes del Partido Socialista Unido de Venezuela y el gobernador Marcos Díaz Orellana acusaron de todo al imperio norteamericano y al alcalde opositor de Libertador, Léster Rodríguez, «y sus secuaces del partido Copei» y hablaron de francotiradores paramilitares.

En la madrugada del 10 de febrero detuvieron al presunto francotirador: Freddy Orta Áñez, un anciano de 64 años, vecino del sector, quien de inmediato confesó haber disparado contra la manifestación. Tras ser aplazada en varias oportunidades, este 19 de mayo se hizo la audiencia preliminar y se espera que la próxima semana informen la fecha de este juicio en el que la defensa argumenta que la supuesta confesión de Orta Áñez fue producto de coerción policial.

Marcos Rosales

Si ante el asesinato de Yorsinio Carrillo las investigaciones se hicieron velozmente, no se puede decir lo mismo del caso de Marcos Rosales, un estudiante de 28 años ultimado durante la larga jornada de violencia que se vivió en la ciudad de Mérida el 25 de enero de 2010.

Rosales, a quien se identificó como activista de Un Nuevo Tiempo, se encontraba en las residencias El Rodeo, cerca de la avenida Las Américas, cuando -se supone- apareció un vehículo desde el cual disparaban contra manifestantes que se encontraban en el lugar.

Rosales fue impactado por tres balazos y finalmente murió en el Hospital Universitario de los Andes. Otras tres personas resultaron heridas en el mismo acontecimiento.

El 11 de febrero el ministro Tareck el Aissami anunció que habían identificado a cuatro personas involucradas en el asesinato. Ese día la Fiscalía presentó a Rubén Darío Valero ante un tribunal de control merideño, como imputado por «homicidio calificado por motivos fútiles en grado de complicidad correspectiva en perjuicio del estudiante Marcos Antonio Rosales Suárez» e imputado también por homicidio en grado de frustración por el resto de los heridos.

El pasado 29 de abril el ministro El Aissami declaró a El Universal más o menos lo mismo: «Tenemos ya plenamente identificados a los autores materiales de este crimen y tenemos inclusive órdenes de medida privativa de libertad contra esos autores». Desde entonces, no se ha informado de nuevos avances.

Mervin Alexis Cepeda

El 5 de noviembre de 2008 llegaron a Ciudad Bolívar el comisario Marcos Chávez, entonces director del Cicpc (acompañado de otros agentes); el general de división Fernando Fernández González, en su condición de inspector general de la Guardia Nacional; el general de división Félix Antonio Velásquez, comandante de la Guarnición Militar de Guayana y la viceministra de Educación de ese momento, Iris Sánchez. Todos acudieron prestos a la cita para intentar aclarar circunstancias y responsabilidades en el asesinato de Mervin Alexis Cepeda.

A Cepeda, de 16 años, lo mataron de un balazo durante una manifestación frente a la Escuela Técnica Industrial Robinsoniana Antonio Díaz. Los alumnos protestaban exigiendo mejoras en el comedor del instituto y el nombramiento de un nuevo director.

La protesta fue reprimida por la Policía del estado Bolívar y por la Guardia Nacional y en esas acciones Cepeda recibió un disparo que le rompió la aorta y la arteria pulmonar.

30 policías y 7 uniformados de la Guardia Nacional pasaron a ser investigados para determinar cuál de ellos había accionado el arma homicida y la otra que dejó herido al también estudiante Stiwel José Antequera Olivares. El 6 de noviembre se ordenó la detención de Armando Márquez Mirabal (GN) por la presunta comisión de homicidio calificado y uso indebido de arma de fuego en el caso de Cepeda y la detención de Andrés Eduardo Casanova (GN), Aníbal Felipe Rodríguez García (policía), Wilfredo Argüelles (GN) y del propio Márquez Mirabal acusados por homicidio calificado en grado de complicidad correspectiva y uso indebido de arma de fuego, por el caso de Antequera Olivares.

El 13 de enero de 2009 un tribunal de Ciudad Bolívar ratificó la privación de libertad de los detenidos. Fue apenas el 14 de abril de este año que el juicio por este caso llegó a su fin: todos los imputados fueron hallados culpables. Márquez Mirabal fue condenado a 16 años y 4 meses de prisión.

Marcano Hurtado y Suárez

«Les dimos la oportunidad de mediar y no la aprovecharon. Busquen al cerrajero», habría dicho una de las juezas que se presentaron a la sede de MMC Automotriz en Puerto La Cruz, el 29 de enero de 2009, para intentar hacer cumplir un amparo a favor de la empresa que en ese momento estaba tomada por trabajadores.

Eso fue a las 3 de la tarde. Según la crónica del diario El Tiempo, una hora después la Guardia Nacional y la policía local lanzaron bombas lacrimógenas a los trabajadores que bloqueaban el acceso a la planta de Mitsubishi y se desató un intercambio de piedras contra perdigones. A las 4:30 se escucharon disparos: José Javier Marcano Hurtado, de 36 años, cayó muerto. Quince minutos después, hubo otra ráfaga: Pedro Suárez, de 24 años, fue la víctima.

Al día siguiente, el gobernador Tarek William Saab informó que los agentes que participaron en la refriega estaban suspendidos y a la orden del Ministerio Público.

El 4 de febrero la Agencia Bolivariana de Noticias daba cuenta de las decisiones: imputado el agente de Polianzoátegui Juan Carlos Álvarez por el homicidio de Pedro Suárez y por homicidio en grado de complicidad en la muerte de Marcano Hurtado; además de homicidio en grado de frustración -por otros heridos en los sucesos- y por uso indebido de arma de fuego.

También fueron imputados los agentes Douglas Hernández Martínez, Joan González Villafranca y Jorge Luis Ramírez, por cooperación en la muerte de Suárez, por homicidio en grado de complicidad correspectiva en el caso de Marcano, además de homicidio frustrado y uso indebido de armamento.

En primera instancia identificaron a cinco agentes como involucrados. Anthony Febres Yacua fue el quinto policía, imputado como encubridor en el caso de Suárez y en el de la otra persona herida, además de por homicidio en grado de complicidad correspectiva en la muerte de Marcano. Posteriormente, otros dos policías fueron imputados y detenidos: Tito Rafael Viera Teclo y Manuel de Jesús Torrealba Carrillo, pero el juicio que comenzó en febrero de 2010 -y que según información de El Tiempo es contra 22 policías- luego de 13 audiencias en el Tribunal Cuarto de Control avanza lentamente en la presentación de pruebas y testimonios.

Jonathan Rivas

Tras la muerte de este joven, la politiquería generó momentos de confusión. Rivas fue asesinado de un balazo mientras participaba en una manifestación opositora el 13 de junio de 2009 en El Tigre, estado Anzoátegui.

Inicialmente, algunas personas fueron detenidas por pintar consignas contra el Gobierno y a favor de Globovisión. Más tarde, la protesta opositora recibió la visita de supuestos seguidores del Gobierno nacional. La primera para lanzar piedras. En la segunda, se asomaron armas. En medio de la refriega, a Rivas -miembro fundador de Primero Justicia en la zona- le alcanzó un disparo en el pecho. Del lado de la oposición se señaló a la gente del chavismo que acudió al lugar, pero desde la acera oficial se intentó repartir culpas entre la propia gente de los partidos Podemos y Primero Justicia.

Cinco días más tarde ya estaban detenidos miembros del Frente Único Bolivariano de Trabajadores de la Construcción imputados por el asesinato. Posteriormente apresaron a William Urquiola y a Winston Luque, vinculados al ex alcalde Ernesto Paraqueima (Podemos) y el 23 de junio se ordenó la captura de su hermano, José Paraqueima. En algunas declaraciones y notas de prensa de medios oficialistas se vincula a estos últimos con los sucesos en los que murió Rivas. Incluso, el gobernador Saab afirmó en VTV que el joven habría militado alguna vez en Primero Justicia.

Al día de hoy, José Paraqueima quedó libre de cargos, mientras que Urquiola y Luque están imputados por uso indebido de arma e intimidación. Edilberto Fernández, Rubén Sánchez Castillo, Albert Ojeda, Juan García y Luis Flores -todos de la organización sindical oficialista- están siendo procesados por el asesinato de Rivas en un juicio que se radicó en Caracas y que no ha estado exento de retrasos mientras permanecen en el comando de Policaracas ubicado en la Cota 905.

La Fundación para las Garantías, Prevención y Defensa de la Violación de los Derechos Humanos, Fungapdehca, presidida por Luis Rafael Escobar Ugas, ha denunciado ante la Fiscalía que se han violado los derechos de los acusados. (Oscar Medina, El Universal, 23.05.10, http://www.eluniversal.com/2010/05/23/pol_art_el-que-protesta-muer_1907499.shtml)