Los venezolanos hacen sentir su voz de protesta en la calle para exigir de manera pacífica el pleno cumplimiento de las garantías fundamentales.
La manifestación pacífica como una forma de expresión social está consagrada en consagrada en el artículo 68 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999, como un derecho humano. El artículo 68, establece: “Los ciudadanos y ciudadanas tienen derecho a manifestar, pacíficamente y sin armas, sin otros requisitos que los que establezca la ley. Se prohíbe el uso de armas de fuego y sustancias tóxicas en el control de manifestaciones pacíficas. La ley regulará la actuación de los cuerpos policiales y de seguridad en el control del orden público”.
Las movilizaciones sociales en el país, han experimentando un considerable aumento en los últimos años. Según el Informe Anual sobre la Situación Anual de los Derechos Humanos que realiza Provea, durante el período 1998-1999, se registraron 855 manifestaciones, 94,15 de ellas de carácter pacífico, mientras que para el periodo 2008-2009 se contabilizaron 2.893 movilizaciones; 97,54 fueron pacíficas.
Para este último período, la mayor cantidad de acciones de protesta tuvo como actor principal a vecino quienes exigeian el adecuado cumplimiento de los servicios públicos. Los trabajadores se ubicaron en segundo lugar con 989 movilizaciones de calle, seguido por el sector estudiantil que registró 370 protestas.
Este panorama pareciera mantenerse al inicio de 2010. Según una investigación periodística presentada por el diario El Universal, en el mes de enero se registraron entre 3 y 4 manifestaciones por días. La mayoría de ellas, fueron protagonizadas por el sector estudiantil.
Esta situación evidencia que la criminalización de las manifestaciones y la represión por parte de los organismos de seguridad se presenta como una política de Estado, según lo plantea el investigador del derecho a la Manifestación Pacífica de Provea, Marco Antonio Ponce, quien además afirma que “los manifestantes salen a la calle a exigir sus reivindicaciones y reciben tratos o penas crueles, deshumanas o degradantes por parte de los cuerpos de seguridad.
El levantamiento de la información sobre este derecho fundamental ha demostrado que, en su mayoría, las movilizaciones han sido de carácter pacífico. Ponce destaca que las manifestaciones violentas llegan a tal punto, luego de la intervención de los organismos de seguridad que desarrollan políticas antidemocráticas para controlar el orden público.
Esta situación se refleja, según lo reseñado en El Universal, en las movilizaciones que se registraron en distintos estados del país, entre el 23 y el 31 de enero, que tuvieron como protagonistas, principalmente, a los estudiantes que alzaron su voz de protesta en defensa de la libertad de expresión y por el problema eléctrico que se agudiza en el país.
Este fue el panorama en esta semana: 2 personas muertas, 100 heridos y 85 estudiantes detenidos, de los cuales 55 lograron salir con libertad plena, y 30 fueron pasados a juicio con régimen de presentación cada 30 días y prohibición de participar en protestas públicas.
Bajo este contexto, la investigación periodística destaca: “Pero de esa semana cargada de violencia donde actuaron sectores estudiantiles y civiles, grupos oficialistas armados, grupos de activistas del PSUV, las policías regionales y la Guardia Nacional, sólo los estudiantes recibieron toda la carga judicial, imputados por los hechos ocurridos aunque participaran diversos actores”.
A la lectura general del panorama que se presentó los últimos días de enero hay que agregar que “se registraron agresiones armadas contra viviendas, violación de propiedad por parte de grupos armados identificados con el oficialismo, quema de automóviles y ataques a líderes opositores que se extendieron hasta sus viviendas”.
El Universal, además, destaca que frente a estas acciones que criminalizan el derecho a la protesta, no hubo ninguna actuación de la Fiscalía General de la República ni de la Defensoría del Pueblo, como los organismos públicos responsables de velar por el pleno cumplimiento de las garantías constitucionales en el país.
Ante esta situación de conflictividad social que amerita reivindicar que “Protestar no es un delito, es un derecho”, Provea ha recogido una serie de recomendaciones en su Informe Anual, a fin de que se garantice el derecho a la manifestación pacífica como un mecanismo para la defensa de otras libertades.
Esta organización no gubernamental sugiere al Estado venezolano dar fiel cumplimiento al mandato constitucional, establecido en el artículo 68, el cual prohíbe el uso de sustancias tóxicas en el contexto de manifestaciones pacíficas y lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley de Partidos Políticos, Reuniones Públicas y Manifestaciones, sobre la notificación y la no solicitud de permiso, de las acciones de protesta con 24 horas de anticipación.
Destacados:
* El Universal, 21.02.2010, Protestar es delito
* Tal Cual, 24.02.2010, Profesores guarimberos
* Protestar no es un delito, 21.07.09, Primera declaración Campaña por la Defensa de la Protesta Social
