Cuando el propósito de erradicar la discriminación racial se subordina a la construcción de una sociedad socialista (como se indica en el anteproyecto de ley aprobado el 10 de mayo), surgen dos preguntas: ¿los afrodescendientes o indígenas que no compartan el proyecto político oficialista quedan sin protección legal? O, peor aún, ¿serán doblemente discriminados: por su origen étnico y por su posición política? Se trata del mismo detalle que Feliciano Reyna, presidente de Sinergia, advierte en todas las llamadas leyes revolucionarias.

«En nombre de la reivindicación de los excluidos, la legislación orientada al socialismo crea múltiples mecanismos de discriminación. Pensemos en los dos modelos para afrontar las diferencias raciales en África: Mugabe optó por la venganza y Mandela por la justicia y la reconciliación. En Venezuela, las leyes socialistas se han utilizado para institucionalizar la discriminación, sobre todo por razones políticas».

Con la regulación del poder popular se impuso un solo modelo de participación ciudadana: los consejos comunales.

Sin embargo, no es suficiente que los sectores de oposición se organicen como indica el Gobierno. Kiomara Scovino, vocera de un consejo comunal de Baruta, explicó que el Ministerio para las Comunas les niega la acreditación para incorporarse al Consejo Local de Planificación Pública. «Esta es una prueba de la intención de sacar del juego a los consejos comunales democráticos, sin que haya un tribunal que se atreva a ampararnos».

Scovino razona que, en la práctica, se aplica un sectarismo asociado al culto a la personalidad de Chávez y al populismo. Un ejemplo sería la arenga del ministro de Energía y Petróleo Rafael Ramírez a los gerentes de Pdvsa, el 2 de noviembre de 2006: «Aquí estamos apoyando a Chávez y el que no se sienta cómodo con esta orientación, que ceda su puesto a un bolivariano», dijo el funcionario al proclamar que Pdvsa era «roja rojita, de arriba abajo» y amenazar con despedir a cualquier «escuálido infiltrado» en la empresa petrolera.

El mismo Ramírez, pero como promotor de la Gran Misión Vivienda Venezuela, acaba de asegurar que no se exigirá el carnet del PSUV a los que aspiran a tener un techo propio antes de las elecciones presidenciales de 2012.

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