Según un estudio realizado por el Observatorio Venezolano de la Violencia (OVV) en el estado Bolívar, se precisó que de los 6.911 asesinatos ocurridos entre 1998 y 2009, 5.351 quedaron impunes. Las estimaciones que evidencian el aumento de la brecha entre homicidios y detenciones en la entidad fueron extraídas de cifras oficiales provenientes del Cicpc.

El análisis mostrado por regiones genera dudas, una vez más, sobre la anunciada disminución del índice delictivo del que las autoridades locales han hecho gala.

 Según el OVV la brecha entre el número de homicidios y el número de detenciones a manos del Estado es cada vez más grande. Las proyecciones, realizadas de acuerdo a datos oficiales muestran que de un total de 6.911 homicidios acumulados entre 1998 y 2009, 5.351 quedaron impunes.

 Además precisa que en los años 2008 y 2009 por cada 100 homicidios se detuvieron sólo 15 sospechosos, mientras que en el año 98 por cada 100 homicidios se realizaron aproximadamente 66 detenciones.

 Las cifras pudieran resultar “conservadoras” al compararlas con el número de víctimas aparecidas en los medios impresos y añadir los casos de averiguaciones de muerte por resistencia, que no están incluidos en la investigación divulgada por la coordinadora del Centro de Formación Padre Joaquín de Fe y Alegría, Luisa Pernalete.

Estimular el delito
 Denuncian que la existencia de delitos sin culpables y sin castigo, genera consecuencias en los familiares de las víctimas y en la sociedad. “No se hace justicia y ello profundiza el dolor, estimula el delito, porque se ve que no pasa nada si se comete, le quita fuerza a las leyes y a las normas, y da la percepción de que éstas no sirven para nada”.

  “Existe relación entre delito y drogas lícitas e ilícitas, por ejemplo hay estrecha relación entre homicidio y armas de fuego, entre conducta violenta e historias de maltrato familiar, se sabe que hay problemas neurológicos que predisponen el comportamiento violento, también hay relación entre violencia y baja escolaridad; hay relación entre reducción de violencia y prevención”.

 Ante esta conclusión señalan la obligación del Estado de garantizar la seguridad de los ciudadanos, mediante el trabajo de políticas públicas que aborden las diversas causas de la violencia, al mismo tiempo destacan el deber de la sociedad, pero “el poder para las decisiones el monopolio de las armas, el deber de la aplicación de la justicia -que es un derecho fundamental- lo tiene el Estado”, recalcan. (CorreodelCaroní, 14.09.2010)

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