Según el Centro de Documentación y Análisis de la Federación Venezolana de Maestros (CENDAS-FVM) la canasta alimentaria familiar aumentó a 69.868,08 bs, lo que representa un incremento de 12,9% con respecto al mes de septiembre. De acuerdo a las cifras de la organización, desde octubre de 2014 esta cifra ha variado 365,5%. En su más reciente reporte el CENDAS informó que adquirir la canasta para una familia de cinco miembros cuesta 9,4 salarios mínimos (calculado al salario anterior al más reciente aumento: 7.421,68 bolívares). Además, CENDAS señaló que todos los rubros subieron de precio, destacando que la diferencia entre los precios regulados y los del mercado, al cual acuden la mayoría de los venezolanos, es de 1.563,23%.

Desde comienzos de año Provea denunció que el incremento de los índices de inflación y escasez comprometían la realización y garantía del derecho a la alimentación y demostraban un evidente incumplimiento –por parte del Estado-, de sus obligaciones contraídas en el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales (PIDESC), las Observaciones Generales de la Organización de Naciones Unidas sobre el Derecho a la Alimentación y la Constitución Nacional, para garantizar este derecho humano. Las largas filas para satisfacer la demanda de productos han sido una constante a lo largo del año 2015 y se han traducido en más penurias, sobre todo para mujeres y personas de la tercera edad pertenecientes a los sectores más pobres de la población. A esta situación se ha sumado la negativa del Instituto Nacional de Estadísticas y el Banco Central de Venezuela de ofrecer información oficial sobre indicadores de pobreza e inflación, y la ausencia de medidas efectivas por parte del Ejecutivo Nacional que brinden claridad sobre las políticas a implementar para revertir la vulneración del derecho a la alimentación de la ciudadanía. Ello ha contribuido a generar una situación de incertidumbre generalizada en la población, debido a los obstáculos para tener acceso regular, permanente y sin restricciones a los alimentos en niveles adecuados y suficientes, tanto en calidad como en cantidad. Según los últimos datos publicados por el INE, para diciembre de 2014 se registraba una inflación acumulada de 727,74% en el costo de la Canasta Alimentaria y un 176,1% de inflación general acumulada en alimentos y bebidas en 2 años de gestión del Presidente Maduro.

El pasado 12.11.2015 el Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Zeid Ra’ad Al Hussein, emitió una declaración con ocasión a la participación del Presidente Nicolás Maduro en la sesión del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, en la que exhortó al primer mandatario a abordar la «tendencia regresiva en los resultados de la lucha contra la pobreza»La ineficiencia en la gestión pública y la consolidación de respuestas cada vez más represivas a la conflictividad social hacen que el gobierno del Presidente Nicolás Maduro sea una gestión caracterizada por la exclusión social y el autoritarismo. La lenta aplicación de un paquete económico y represivo ha acentuado, por un lado, la caída de los ingresos de las y los trabajadores, y por otro lado, ha puesto un cerco a la posibilidad de ejercer derechos mediante la criminalización del derecho a la manifestación pacífica y las amenazas y obstáculos para la libertad sindical.

Los efectos del desempeño económico y el paquete represivo del gobierno de Nicolás Maduro en la calidad de vida de los más pobres y en el deterioro de las garantías para los derechos humanos en el país, no se diferencian en nada a los efectos de medidas y prácticas registradas en el pasado durante los gobiernos neoliberales de Carlos Andrés Pérez y Rafael Caldera. Lamentablemente, entre 1989 y 2015 nada ha cambiado, luego de un prolongado período de altos ingresos esta nueva crisis la siguen pagando los mismos de siempre, los trabajadores. (Prensa Provea).

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