Una mujer se encadenó a su casa (barrio El Centro en San Félix) este martes para impedir que las autoridades la derribaran

Los intentos de ocupaciones ilegales de terrenos en Ciudad Guayana recibieron el año nuevo. Algunos ciudadanos basados en interpretaciones erradas de la Constitución y en la Ley de Tierras Urbanas creen estar avalados para cometer estos actos que violan las normas jurídicas venezolanas.

Sobre este tema Correo del Caroní presenta la primera entrega de una serie dedicada a observar los obstáculos de las familias para alcanzar un techo propio y digno, y las consecuencias del déficit habitacional como uno de los principales dramas sociales -junto a la inseguridad- de los venezolanos.

El abogado especialista en materia inmobiliaria, Iván Ibarra, explica algunos aspectos legales que ayudan a comprender este complejo fenómeno que ejemplifica una de las consecuencias de la falta de planificación de centros urbanos que respondan a la alta demanda de viviendas que hay en el país. “No hay ninguna normativa jurídica que respalde las invasiones; de hecho, la invasión es una violación a un derecho constitucional que es el derecho a la propiedad privada, nadie puede invadir algo que no es de él”.

Sin embargo, se ha visto que vecinos de algunas comunidades de la ciudad obvian la potestad que tienen los propietarios sobre sus tierras argumentando el largo tiempo que ha estado en desuso el terreno para ellos poder tomar posesión.

Iván Ibarra, ex presidente de la Cámara Inmobiliaria del estado Bolívar y ex director de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela, señala aunque se le ha dado un “tinte político” a este problema que quizá ha generado el temor en los propietarios de ejercer acciones legales, estos están en todo su derecho de hacerlo. “El propietario puede pedir a través de la vía judicial la restitución de ese inmueble invadido”.

Se trata de todo un proceso legal en el que el dueño de las tierras puede solicitar el desalojo y proceder a él, siempre y cuando se tenga una sentencia definitivamente firme que soporte la decisión, explica.

Asegura que no hay indemnizaciones obligadas cuando se ocupa una propiedad privada. “El Código Civil es bien claro, nadie puede tomar posesión de lo ajeno y el que construye en suelo ajeno pierde la construcción y la única obligación que tiene el propietario es o reconocer las bienhechurías si desea quedarse con ellas o tumbarlas, no tiene ninguna otra obligación”.

“¿Qué pasa cuando se invaden terrenos municipales o nacionales? Igual. El Estado tiene la potestad y la fuerza pública para, a través de los órganos de seguridad, desalojar esas invasiones”. Pero hay un aspecto que destaca en el caso de las invasiones de propiedades del Gobierno y sus desalojos. “Se convierte en un problema político porque si el Estado viene pregonando que hay problemas de vivienda, que va a apoyar al pueblo, que las tierras son de todos y no de quienes las tienen sino de quienes las trabajaban, entonces mal puede aparecerse un camión de la Guardia Nacional a querer tumbar todo”.

Zonificación: “Solución cómoda”
Otro de los problemas de las invasiones es el cambio de zonificación. Las personas ocupan ilegalmente un área que no tiene uso residencial, para luego gestionar con la Cámara Municipal el nuevo ordenamiento y poder de esta manera solicitar los permisos para la construcción de las viviendas sobre un suelo del cual aún no tienen titularidad.

“En lo particular pienso que es un gravísimo error que la Cámara Municipal cambie la zonificación de unos terrenos simplemente para complacer el capricho de unas personas que cuando se revisa en el fondo muchas de ellas no tienen la necesidad de vivienda porque para mucha gente eso se ha convertido en un negocio”, dice el abogado.

No es la única opinión parecida. María Nuria De Cesaris, miembro de la Asociación Civil Plan Urbe y quien fue la secretaria técnica del Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), coincide en este análisis, colocando como ejemplo la modificación del uso de la tierra en el sector II de Luces de Puerto Ordaz, uno de los espacios considerados una zona de riesgo dentro del PDUL.

“Volvieron a darle a Luces de Puerto Ordaz los permisos y todas las zonas de protección de la ciudad en Alta Vista están perdidas porque dejaron invadir, es decir, esa es la solución más cómoda: dejo invadir y luego legalizo”, expresa.

Indignada por la pérdida de la planificación de una ciudad como ésta, que siempre se ha caracterizado precisamente por el orden territorial, critica las modalidades que se están instaurando actualmente para la creación de centros residenciales, en las que las mismas comunidades buscan a especialistas para hacer estudios topográficos, movimientos de tierras, diseños de casas y todas las tareas que esto conlleva.

“¿Por qué la gente tiene que buscar (los urbanismos) si eso es función del Estado? El Alcalde es el responsable, porque en vez de estar asfaltando de pedacito en pedacito debería estar usando la información del Plan de Desarrollo Urbano Local, identificando los terrenos que están disponibles y haciendo inversiones en urbanismos para luego ordenar. Estamos en el libre albedrío, aquí vamos para el despelote”.

Soluciones al problema
Tanto el abogado como la urbanista concuerdan en que la respuesta sigue estando en que el Estado aplique las sanciones legales a los invasores y actúe en la planificación y construcción de complejos habitacionales adaptados a las oportunidades económicas de las diferentes clases sociales, incorporando en estos planes a la empresa privada.

“La Alcaldía primero tiene que empezar a desarrollar urbanismos populares, utilizar el registro de demanda de vivienda del Inavi (…), usar esa base de datos para establecer prioridades, (…) exigir y decir ‘aquí nadie tiene derecho ni a un pedazo de tierra ni a una casa si no está en ese registro primero’; constatar que la gente cumpla con los requisitos y entregue todos los recaudos para verificar que efectivamente necesite esa vivienda porque eso no se está verificando, aquí lo que se le está viendo es el color del partido al que pertenecen (…)” , argumenta De Cesaris.

Consecuencias del desorden

La urbanista María Nuria De Cesaris advierte que el crecimiento desordenado de Ciudad Guayana puede traer consecuencias que quizá hoy pasan desapercibidas. “Después es más difícil equipar servicios, se están ocupando terrenos que son de protección, no están considerando las condiciones naturales de los sitios, antes no teníamos terrenos ocupados bajo riesgo, ahora tenemos terrenos ocupados en condiciones de riesgo (…), de haber sido la ciudad mejor planificada de Latinoamérica nos estamos volviendo en el desastre gracias a que las autoridades no hacen nada”.

Analiza que muchas de las invasiones por ser desorganizadas no respetan los espacios destinados a las áreas recreacionales, educativas y de atención médica, lo que desde su perspectiva incide directamente en la calidad de vida de quienes habiten las comunidades que nacen de esta manera. “Si no hacemos nosotros una ciudad buena, bien hecha nuestros hijos y nuestros nietos van a sufrir”. (Andreína Carrasco, Correo del Caroní, 19.01.11)

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