Al salir el sol, al este del Orinoco, los rayos de luz emitidos por el astro ponen al descubierto extensas manchas negras que contaminan el río y se estancan en sus orillas, envenenando no sólo la flora y la fauna que hacen vida en las aguas fluviales, sino a las personas de las comunidades que durante años se han beneficiado del río padre. Aunque la empresa Silvia Shipping, dueña del buque que el pasado 29 de enero derramó fueloil en el Orinoco, se ha hecho cargo de la limpieza del agua, los esfuerzos por mantener la salud de los habitantes resultan negligentes ante las acciones de sus representantes.
William Cabrera, ha vivido toda su vida en la pequeña isla El Hacha, una de las localidades más afectadas, que posee una población aproximada de 48 personas. Los habitantes de esta comunidad desarrollan sus vidas dependiendo del fruto de sus cultivos, la pesca y el agua del río Orinoco. Sin embargo, desde hace unos meses la cosecha se quemó y han dependido netamente de los beneficios fluviales.
Desde hace 11 días se contaminó el río, los habitantes han tenido que limitar su alimentación sólo a la ingesta de auyama; no obstante, el consumo del agua fluvial se ha hecho inevitable, debido a que no cuentan con ayuda de los entes responsables de la contaminación, ni mucho menos de representantes gubernamentales que, hasta la fecha, no se han pronunciado en las comunidades afectadas.
Cabrera, quien es pescador de la zona, aún puede recordar el comentario “inhumano” que los delegados de la empresa de sanidad, contratada por Silvia Shipping para controlar la situación en las áreas afectadas, le dedicaron a su hermano, al ver el estado de tres de sus hijos, cuando pasaron por la isla.
“‘Sí, el niño está grave. Busquen cómo llevarlo a un centro de asistencia’, fue lo único que nos dijeron al ver el estado de los niños. Pero, cómo uno puede llevar a los niños a un hospital y comprarle medicina si nuestro único sustento era la pesca, y gracias al petróleo ese (el fueloil) no podemos pescar; además que se nos dañaron las redes y los motores de las lanchas con esa cosa”, aseguró Cabrera.
Brote de enfermedades
Florentino Cabrera tiene cinco hijos. Con tres de ellos tuvo que salir de emergencia la tarde del domingo cuando presentaron síntomas agravados de una supuesta infección, por el consumo de agua del río contaminado.
Como ellos, dos de los ocho hijos de Carmen Ibarra, también presentaron, desde la noche del viernes, fiebre y diarrea. En este caso, la desinformación jugó un papel determinante en el consumo del agua. El no pronunciamiento de las autoridades de la Gobernación de Delta Amacuro y de la Alcaldía del Municipio Casacoima, ha generado incertidumbre en una población que aún se pregunta ¿Por qué el Estado no ha mediado en la situación entre la empresa y las comunidades?
“Nosotros no sabíamos nada y tomamos de esa agua; ahora los niños están enfermos. Aquí sólo vienen, toman fotos, nos piden el nombre y número de cédula y se van. No traen comida ni medicina. Ni una gota de agua nos han mandado para acá”, William Cabrera, tío de los niños.
A 11 días del derrame, ninguna autoridad local se ha hecho presente en las comunidades para dar un informe oficial de la situación en el río. Sin embargo, organismos de contingencia como los Bomberos, el Instituto Nacional de los Espacios Acuáticos (INEA) y Protección Civil han asistido a la comunidad continuamente a inspeccionar los avances de sanidad y a ayudar a los afectados.
William Martínez, subdirector de Protección Civil Casacoima, ha vigilado personalmente las actividades que la empresa de sanidad realiza en las zonas afectadas por la contaminación. Aseveró que la institución ha visitado todas las comunidades perjudicadas y le han brindado el apoyo pertinente.
“Nosotros realizamos un recorrido por todos los sectores del río y hemos forzado a la empresa responsable a asumir la responsabilidad de los daños. Aquí en los Castillos, mediamos la asistencia de los camiones cisternas y ya estamos canalizando la restauración del servicio de agua”, indicó. (CorreodelCaroní; 08.02.2011)
