En Guarero, a pocos kilómetros de la línea fronteriza en el municipio Guajira, está ubicada la parada de los autobuses de la línea Metromara que cubré la ruta asignada para el llamado corredor humanitario habilitado por el gobierno nacional para la población wayuu.
Este corredor se instaló luego del anuncio del cierre de la frontera el pasado 7 de septiembre del 2015, dicho paso peatonal se habilitó con la finalidad de evitar que el pueblo indígena quedará totalmente incomunicado y dividido por la frontera, por lo que se les garantiza el paso por ahí luego de cumplir varios protocolos de seguridad impuestos por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), organismo que se encarga de resguardar la zona.
Los autobuses que se utilizan para el traslado tienen en un horario establecido de 10 de la mañana hasta las 4 de la tarde y tienen una capacidad para transportar entre 40 a 60 personas, haciendo un recorrido de aproximadamente 3 kilómetros hasta llegar al último poblado de la zona fronteriza en el sector La Raya.
En esta unidad vehicular se encuentra un funcionario de la GNB que supervisa que las personas que abordan este vehículo tengan rasgos indígenas o pertenezcan a la etnia; así como también se aseguran que quien aborde debe llegar hasta la parada final ya que los autobuses no hacen ningún tipo de parada durante su recorrido.
Sin embargo, en esta zona existen 6 comunidades que cuenta con un aproximado de 340 familias, cuyos habitantes manifestaron que deben ingeniárselas para poder circular dentro y fuera de sus sectores, ya que existen varios puntos de controles del Ejército Venezolano que restringen la circulación en el área.
A más de 62 días del cierre de la frontera la población que habita en el ámbito del corredor humanitario denuncia que se les viola el derecho al libre tránsito, violación de su uso, costumbre y tradiciones.
“Ahí hay un bus rojo que no nos traslada, tenemos que caminar durante varias horas”, aseguró uno de los pobladores.
La convivencia con los militares degenera en conflictos constantes para quienes tienen que transitar en sus en su propio territorio.
“Peleando para salir, peleando para entrar, todos los día tenemos que pelear con el Ejército”, comentó Del Valle González.
“No nos dejan salir con nuestros vehículos, allá exigen carta de residencia y si no la tenemos no podemos salir”, añadió.
Mientras que se extiende otros 60 día del el estado de excepción, la población vive en una especie de zona en reclamo, ya que los habitantes tienen que exigir constantemente sus derechos como indígena y como venezolanos que habitan en esta zona fronteriza. (Sailyn Fernández, Radio Fe y Alegría Noticias)