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En agosto de 2012 el presidente Hugo Chávez autorizó la discusión de los contratos colectivos de las empresas básicas, 11 meses después la negociación se mantiene a paso lento en una de las discusiones más largas de la historia de las industrias, aseguró el secretario general del Sindicato de Trabajadores de CVG Carbonorca (Sutracarbonorca), Emilio Campos.

La demora en la negociación ha unido al movimiento sindical de Guayana, cuyos líderes decidieron este domingo lanzar un ultimátum y dar un plazo de 30 días para firmar los contratos colectivos.

La espera no será pasiva, pues las organizaciones programan una agenda de movilizaciones, que inicia este lunes con asambleas en los portones de algunas de las estatales.

A partir de hoy (domingo) damos 30 días al Gobierno para firmar los contratos pero no se los vamos a dar en paz, a partir del lunes tendremos asambleas, movilizaciones y paros escalonados para que el Gobierno sienta que existimos”

“Desde el 7 de agosto del año pasado, el Gobierno anunció la discusión obligada de los contratos colectivos, hemos venido siguiendo la ruta y asumiendo la discusión y a un año no hay una respuesta concreta”, dijo el dirigente.

Campos explicó que la traba que ha caracterizado la discusión desde el 2012 se mantiene: no hay lineamientos económicos para la negociación, pese a que el presidente Nicolás Maduro aseguró que el Ejecutivo subsidiará por dos años los contratos y, recientemente, el titular de la Corporación Venezolana de Guayana, Carlos Osorio, sostuvo que constituyó una instancia que se encargaría de hacer seguimiento a las negociaciones.

“La empresa sigue expresando que no hay lineamientos económicos y las cláusulas que podíamos ratificar ya fueron ratificadas y aún sobre las cláusulas económicas no hay claridad”, puntualizó, en compañía de dirigentes de Venalum, CVG, Bauxilum, Minerven, Alcasa, Sidor y Ferrominera Orinoco.

“Estamos llamando a todas las corrientes sindicales a que nos reencontremos y hagamos un ejercicio de movilización. A partir de hoy (domingo) damos 30 días al Gobierno para firmar los contratos pero no se los vamos a dar en paz, a partir del lunes tendremos asambleas, movilizaciones y paros escalonados para que el Gobierno sienta que existimos”, recalcó.

Campos sostuvo que el Ejecutivo, tras varios experimentos fracasados como el Control Obrero, está obligado a dar una respuesta al estado Bolívar, así como al resto de las estatales del país que aguardan por la firma definitiva de los contratos.

“No estamos intentando tumbar al Gobierno, le estamos diciendo que nos respeten, vamos a pelear por el respeto de la clase trabajadora”, añadió.

Lucha amplia

La discusión y firma de los contratos colectivos no es la única lucha de los trabajadores, sino también las averiguaciones para extinguir la corrupción en el seno de las estatales.

El secretario de Prensa y Propaganda de Sutralúmina Bolívar, Eleazar Rojas, manifestó que el Gobierno no puede seguir improvisando con las empresas básicas y, por el contrario, debe hacer auditorías y revisiones en todas las industrias.

“Queremos saber qué pasó con los recursos del Fondo Chino de Bauxilum, en dónde se invirtieron y qué pasó con los recursos que aprobaron para el pago de los pasivos laborales”, dijo.

A juicio de Rojas, Bauxilum que se constituye como el primer eslabón de la industria del aluminio está a punto de colapsar “porque no hay los insumos y los equipos necesarios”, pese a que la compañía ejecuta un plan de 180 días para su recuperación operativa.

“El Fondo Chino en Guayana debe investigarse, y también en manos de quién está Bauxilum porque el presidente no da la cara y no hay resultados, existe mucha desmotivación en los trabajadores y no hay coherencia. No podemos permitir que las empresas se sigan deteriorando”, apuntó.

Datos

11 contratos colectivos de las industrias de Guayana están vencidos. Los dos convenios de Venalum, administrados por Sutralum y Sutrapuval, son los que tienen más tiempo vencidos, específicamente desde julio de 2008.

10 meses tienen los trabajadores de la mayoría de las empresas básicas discutiendo los contratos, sin presencia de la Procuraduría General de la República y los despachos del Trabajo y Finanzas.

1.000 millones de bolívares aprobó el Ejecutivo la semana pasada para pago de intereses por prestaciones sociales y días adicionales. (María Ramírez Cabello, Correo del Caroní, 15.07.13)

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