Pese a que los hombres son las principales víctimas de la incontrolada violencia que sacude a Venezuela, la cual se ha cobrado la vida de más de 100 mil personas en la última década, este drama también tiene profundas repercusiones en el mundo femenino, pues por cada fallecido una madre, una esposa, una hermana y/o una hija se enluta.
La denuncia la formuló el Observatorio Venezolano de los Derechos Humanos de las Mujeres en el informe que presentó ante la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas y el Consejo de Derechos Humanos de ese organismo, en el marco del Examen Periódico Universal, evaluación a la que será sometida el país en octubre próximo para determinar el grado de cumplimiento de las garantías fundamentales en el país.
En el reporte, de nueve páginas, el Observatorio, instancia conformada por 43 organizaciones no gubernamentales, también fustigó la novísima jurisdicción especial contra la Violencia hacia la Mujer, por considerarla ineficiente.
«Existe impunidad en el 96% de los casos presentados ante el Ministerio Público, ya que de 58.421 denuncias tramitadas en 2008 solo 2.165 fueron llevadas ante los tribunales», aseguró, al tiempo que se quejó también de la lentitud de los jueces a la hora de estudiar estas denuncias, «lo cual determina el sobreseimiento de la causa en este gran porcentaje».
Pero el Observatorio no solo fustigó la labor de los órganos del sistema de administración de justicia, sino también del Ejecutivo.
«Desde el 2008 no se cuenta con un Plan Nacional de Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres ni se tienen reportes de los resultados del plan anterior», se quejó, al tiempo que denunció que «no hay una política de fortalecimiento y protección de las ONG especializadas que brindan servicios de atención a víctimas de violencia contra las mujeres e incluso hay eliminación o suspensión de los subsidios por parte de instancias gubernamentales a estas instituciones».
Este año Asociación Venezolana para una Educación Sexual Alternativa (Avesa) estuvo a punto de cerrar varios de los servicios que prestaba a las víctimas de ataques machistas, pues el Ministerio de Salud les eliminó el financiamiento que venían recibiendo. Medida que posteriormente fue revocada. (Juan Francisco Alonso, El Universal, 16.08.11)
