Desde la Red de Apoyo queremos manifestar nuestro rechazo a los actos de criminalización por parte de los gobernantes, sean estos locales, estadales o nacionales, así como autoridades de otras instituciones públicas, en contra de las diversas formas de protesta pacífica que se vienen suscitando en el país desde hace tiempo, toda vez que los sectores que protestan por diversas motivaciones son igualmente sujetos de derechos consagrados en la Constitución Nacional. El derecho a manifestar pacíficamente y sin armas, debe ser garantizado en igualdad de condiciones a toda la población.

Ejemplo palpable de lo anterior se evidencia en lo que fue un despliegue desproporcionado de la fuerza pública el pasado viernes 12 de marzo cuando una marcha de trabajadores y trabajadoras fue reprimida en la ciudad de Maracay por funcionarios adscriptos a la Policía del estado Aragua. La convocatoria, realizada por diversas organizaciones sindicales y sociales, constituía un paso importante por parte de la dirigencia sindical para retomar una agenda de movilizaciones con reivindicaciones de claro acento popular y nacional, una situación afectada por la febril polarización política experimentada por la sociedad venezolana en los últimos años. Esta necesidad de volver a la calle con una agenda propia se traducía en una multiplicidad de exigencias, que iban desde el rechazo al paquete de medidas económicas y el alto costo de la vida; la exigencia de justicia en el caso del asesinato de los dirigentes Luis Hernández, Richard Gallardo y Carlos Requena; la salida de las trasnacionales petroleras del país; la denuncia de la flexibilización laboral y la libertad para Rubén González y Sabino Romero. La marcha fue duramente reprimida y se produjo una serie de detenciones que evidenciaron una vez más, la tarea gigantesca y pendiente que hay en materia de formación policial en derechos humanos y de eliminación del uso que se da a los cuerpos policiales por parte de diversos actores gubernamentales, a la hora que intentan ejercer control político sobre la disidencia social.

Ante estos sucesos, desde la Red de Apoyo nos solidarizamos con los compañeros de la organización PROVEA y con todas las personas que fueron arbitrariamente detenidas en el marco de esta manifestación. Igualmente deploramos la actuación de las unidades policiales que intervinieron y que no se correspondían con el principio de proporcionalidad que debe guiar siempre este tipo de acciones. Se demostró una vez más que las unidades de orden público para cumplir su cometido, precisan un entrenamiento mayor en cuanto a saber definir los criterios que justifican o no su actuación represiva, el nivel de ésta y la importancia de objetar órdenes superiores que puedan claramente constituir invocaciones a violar derechos humanos.

Aunque el ejercicio del derecho a manifestar amerita siempre ciertas regulaciones por parte del Estado en virtud de garantizar la seguridad ciudadana de todas las personas que pueden ejercer simultáneamente ese derecho, este principio no puede interpretarse como una potestad del Estado para otorgar consentimiento o no arbitrariamente al ejercicio del derecho a manifestar. Toda restricción o regulación debe hacerse únicamente en el espíritu de la garantía de derechos para los manifestantes o para quienes transiten por el lugar sin participar en la actividad, tal como lo establece la ley.

Tal situación nos lleva a solicitar el cese de la aplicación de los artículos: 284, 286, 297 y 358 del Código Penal; 47, 48, 49, 50, 53 y 56 de la Ley Orgánica de Seguridad y Defensa de la Nación; 139 y 141 de la Ley para la defensa de las personas en el acceso a los bienes y servicios, así como los 20, 24 y 25 de la Ley especial de Defensa Popular contra el Acaparamiento, el Boicot y cualquier otra conducta que afecte el consumo de los alimentos o productos sometidos al control de precios, todos los cuales penalizan el derecho a la manifestación y el 51 del Decreto con rango y fuerza de Ley de Tránsito de Transporte Terrestre, por ser claramente regresivos en la garantía efectiva del derecho humano a manifestar.

Por todo lo anterior y en vista de los efectos contra las y los manifestantes, la Red de Apoyo solicita también que el Ministerio Público abra la investigación correspondiente y determine de forma transparente las responsabilidades a que hubiese lugar en este caso ocurrido en Maracay, tanto de los funcionarios policiales involucrados como de los propios fiscales del Ministerio Público que actuaron en el hecho legitimando un mal procedimiento policial.

Invocamos una vez más al entendimiento democrático entre todos los sectores de la sociedad venezolana para que, más allá de potenciar la polarización y el conflicto innecesario, contribuyan a crear la paz social y la convivencia en el seno de la diversidad que nos conforma como sociedad venezolana, favoreciendo la libre expresión a través de la manifestación pacífica y sin armas, tal como lo establece nuestra Carta Magna

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