En sus últimas declaraciones, la ministra Varela ha mencionado la implementación de un «Régimen Penitenciario» caracterizado entre otras cosas por: la dotación de uniformes amarillos, dos visitas mensuales, formación y pase de número.
Sin embargo, ese régimen que presuntamente funciona en catorce recintos carcelarios del país, no ataca de forma estructural los males que ya conocemos de las prisiones venezolanas (violencia, hacinamiento, retardo procesal, tráfico de armas, etc).
Aunque la ministra diga que ya no existen pranes y sugiera al Ministerio Público investigar a los periodistas del diario La Verdad por haber citado las declaraciones de uno de los líderes de Sabaneta (Edwin Soto, apodado el «Mocho Edwin»), sabemos que esta figura existe todavía dentro de los penales y que incluso, ha llegado a institucionalizarse de modo que en ocasiones, los propios funcionarios del Estado acuden a estos líderes para concretar el desarrollo de alguna actividad con la población penal.
Ejemplo de ello son las constantes denuncias de los familiares acerca del cobro de la «causa».
Aunado a lo anterior, siguen los conflictos en penales como «Yare I» y «Yare II» y la violencia sigue cobrando vidas inclusive en los retenes, tal es el caso de PoliMonagas, donde fallecieron 6 internos y resultaron heridos otros 9 el pasado viernes 21 de junio.
Todo esto nos lleva a reafirmar que los planes de las instituciones del Estado continúan alejados de la verdadera transformación penitenciaria, esa que debe empezar por la descentralización (tal como lo ordena el artículo 272 de nuestra Carta Magna) e incluir el mejoramiento de las condiciones de privación de libertad, pero sobre todo, la prevención de daños irreparables a la vida de quienes por determinadas circunstancias están en prisión.
La Propuesta
A propósito de los reportajes publicados recientemente sobre la Cárcel Nacional de Maracaibo y su ubicación dentro del estado Zulia, quisiera recordar que frente a las particularidades de los privados de libertad de dicha entidad es necesaria la creación de dos Internados Judiciales (uno en Cabimas y otro en Santa Bárbara) por las distancias entre Tribunales, así como un centro exclusivamente para quienes ya recibieron sentencia firme. (Tal Cual, 25.06.13)