Venezuela no asistió a la reciente reunión mundial de expertos gubernamentales sobre mejoramiento de estadísticas relacionadas con delincuencia, organizada por la ONU y celebrada en Buenos Aires. Fue asimismo el único país que no asistió al taller práctico inmediatamente subsiguiente, organizado por la ONU y la OEA y dirigido a los países de América del Sur, con el propósito de compartir conocimientos, a través del intercambio de experiencias, en la recopilación, manejo, monitoreo y divulgación estadística sobre delincuencia en las Américas.

Los pasajes y gastos de los participantes en el taller los pagó la OEA. Lo único que se requirió a los países para asistir fue completar un cuestionario y formular una presentación sobre los siguientes puntos: 1) ¿Existe o no una institución nacional sobre estadísticas en criminalidad y violencia en su país? 2) ¿Qué tipo de información es recolectada, monitoreada y divulgada por tal institución? 3) ¿En caso de no contar con una institución especializada en datos sobre criminalidad y violencia, está su gobierno en fase de crear dicha entidad o interesado en establecer un organismo gubernamental especializado?

Resulta especialmente preocupante la ausencia de uno de los países más violentos de las Américas. Los números que manejan las organizaciones no gubernamentales son impresionantes. Por ejemplo, Provea indicó que en el 2008 se produjeron más de 14.000 homicidios en Venezuela, mientras que el Observatorio Venezolano de Violencia señaló que en el 2009 hubo más de 16.000, y que entre 1998 y 2009 la cifra fue superior a 123.000 homicidios.

En contraste, el Gobierno venezolano no ofrece cifras oficiales serias y confiables sobre delincuencia. Provea señala que «la consolidación oficial del número de homicidios en el país cuenta con un importante subregistro, que incide directamente en el conocimiento parcial de la situación y su magnitud». Se dice también que varios muertos de los fines de semana en Caracas se entregan a sus familiares el martes o miércoles, para que el recuento publicado el lunes sea menor.

La resolución del grave problema de la inseguridad comienza por reconocer no sólo su existencia sino también su extensión. Intentar esconder o disimular el número de homicidios es hacer como el avestruz, y constituye una falta de respeto a los familiares de los muertos y a la ciudadanía. Y aquí está lo paradigmático: asistir a Buenos Aires hubiera permitido al Gobierno venezolano conocer qué están haciendo los gobiernos de otros países en materia de estadísticas sobre el crimen y obtener herramientas adicionales relacionadas con el peor problema que tenemos los venezolanos. Esa ausencia merece una explicación oficial la cual seguramente no se producirá.

Ignacio J. Álvarez

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