Una acción recurrente en Venezuela, que termina siendo restrictiva de la libertad de expresión, es el discurso amenazante que altas figuras de los poderes públicos, y en particular el presidente Hugo Chávez, lanzan contra los medios de comunicación en el contexto de las campañas electorales.

La campaña para las elecciones parlamentarias de 2010 no ha sido la excepción. En esta oportunidad, tanto el presidente Chávez como sus colaboradores más cercanos denuncian una presunta campaña mediática. Como «canalla mediática» la ha bautizado el inefable Andrés Izarra.

Tal tipo de acción busca generar un cambio en las líneas editoriales de los medios, y al ser anuncios que no se enmarcan dentro de ningún proceso administrativo regular, pueden ser interpretados como amenazas ilegítimas que buscan coartar el derecho a la libre expresión e información.

Hagamos un poco de historia. En medio de la campaña de 2006, en la que el jefe de Estado buscaba su reelección, el presidente Chávez advirtió a las empresas televisivas, sin especificar nombres, que su gobierno no les renovaría las concesiones de transmisión por promover su derrocamiento del gobierno, en abril de 2002.

La advertencia fue hecha el 15 de octubre de 2006 en medio de un acto público en la ciudad de Los Teques, como parte de la campaña electoral. Casi un mes después el jefe de Estado venezolano ratificaba su amenaza y la vinculaba directamente al contexto electoral.

Según el presidente Chávez su gobierno estaba en disposición de cerrar los canales de televisión «que se presten para difundir mensajes de odio y promuevan el desconocimiento de las autoridades durante las elecciones de diciembre». Tales tipos de amenazas han sido constantes en los diferentes procesos electorales de Venezuela, en los últimos años, y buscan amedrentar a medios y periodistas en medio de un contexto electoral, en el cual justamente la información tiene un papel clave para la ciudadanía.

La reelección que logró el presidente Chávez, con amplio margen de votos en diciembre de 2006, le llevó a escasas semanas de las elecciones a convertir la amenaza en realidad. El 28 de diciembre anunció el cese del permiso para RCTV, y la sanción por la línea editorial de este canal se cumplió exactamente seis meses después.

Entre las acciones intimidatorias por parte de los altos representantes de los poderes públicos también se incluyen llamados concretos dirigidos contra medios de comunicación específicos. Así, a sólo dos semanas de la realización del referendo sobre la reforma constitucional, en noviembre de 2007, la diputada Iris Varela llamó públicamente a los seguidores de Chávez «a tomar el canal de televisión Globovisión«. Un llamado de esa naturaleza, sin ningún asidero legal, no tiene otro fin que restringir el libre flujo de opiniones e informaciones en medio de la campaña electoral.

Dentro de este mecanismo de intimidación, que busca impactar negativamente la cobertura periodística de las elecciones en Venezuela, el presidente Chávez en diversas oportunidades ha dejado en evidencia que no existe derecho a la defensa ante una medida que pueda ordenar él contra un medio de comunicación.

De esa forma, en noviembre de 2008, cuando tenía lugar la campaña electoral para escoger a gobernadores y alcaldes, el presidente Chávez no sólo pasó a formar parte importante de la campaña pese a que su cargo no estaba en juego , sino que utilizó este escenario para intimidar a las empresas de comunicación. En concreto amenazó a los medios con quitarles la concesión si adelantaban resultados electorales antes que fuesen emitidos por el Consejo Nacional Electoral.

«Si un medio adelanta resultados será cerrado», dijo el mandatario, quien aclaró que en tal caso no mediaría «un proceso administrativo, sino que saldrá del aire de inmediato y se le retirará la concesión». Lo dicho por el presidente Chávez, en medio de un acto proselitista en el estado Anzoátegui, viola completamente lo establecido en la Ley de Telecomunicaciones y en la Ley de Responsabilidad Social en Radio y Televisión, pues ambos instrumentos contemplan la existencia de procedimientos administrativos, en los cuales los afectados pueden ejercer su derecho a la defensa.

Un discurso como éste, hecho por quien ejerce la más alta magistratura del país, busca sin duda intimidar a medios y periodistas. Una acción discursiva que se hace reiterada en el contexto electoral de Venezuela, a lo largo del tiempo, busca impactar el resultado electoral, a través de estas amenazas al sector periodístico.

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Andrés Cañízalez
Infocracia

Publicado en Tal Cual

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