Opinión: Golpismo y derechos sociales

Durante 51 años del siglo XX Venezuela fue gobernada por eso que la sociología en nuestro continente denomina “caudillos”, hombres autoritarios y carismáticos con una amplia red de relaciones, tanto civiles como militares. Otra característica gruesa de nuestra cultura sociopolítica es que la vía expresa preferida por la mayoría de estos caudillos para el acceso al poder fue el golpe de Estado. Lo fue tanto para Castro y Gómez, como para el primer Betancourt y Pérez Jiménez. La izquierda estadocéntrica criolla, pasado el “Porteñazo” y el “Carupanazo”, desarrolló durante años la tesis de la alianza “cívico-militar” y la hipótesis de la insurrección de los sectores “nacionalistas” de las Fuerzas Armadas. Recientemente el 4 de febrero y el 11 de abril no hicieron sino reactualizar una de las –tristemente- matrices de nuestra débil cultura democrática. Actualmente, cada vez que se celebra el llamado “Día de la dignidad”, el gobierno relegitima simbólicamente la cultura conspirativa basada en el músculo castrense. Al respecto Samuel Huntington ha escrito que “las causas del golpe de estado más importantes no son militares sino políticas y reflejan no las características sociales y de organización del establecimiento militar, sino la estructura política e institucional de la sociedad”.

Sin embargo, conciente de lo anterior el actual ejecutivo nacional ha desarrollado una serie de estrategias, algunas más legales que otras, para asegurarse la lealtad de las Fuerzas Armadas. Paralelamente los sectores más recalcitrantes de la oposición han sido arrinconados, y a diferencia de años anteriores, la totalidad de los partidos políticos asume al día de hoy una “oposición leal” a las reglas de juego democrático, lo que también puede ser visto como una victoria de la administración bolivariana. Es por ello que la posibilidad hoy de un nuevo golpe de Estado militar no luce sólo remota, sino casi imposible. En 8 años los actores políticos, y la propia sociedad, se ha reacomodado significativamente.

Todo lo anterior viene al caso debido a que, en las últimas semanas, diferentes voceros del gobierno nacional han conjurado el fantasma de la asonada castrense. Y es de nuestra incumbencia porque, a diferencia de otros momentos, esta acusación se viene realizando contra sectores que han venido exigiendo el resarcimiento de sus derechos. Si la activista Rocío San Miguel, en un legítimo ejercicio del derecho constitucional a la contraloría social, denuncia la presencia de militares activos dentro del PSUV, la respuesta es que intenta promover un 11 de abril. Si trabajadores de la Maternidad protestan por irregulares condiciones de trabajo los acusan de guarimberos pirómanos de las llamas del golpismo. Si un periodista visibiliza irregularidades en las misiones educativas el ministro Héctor Navarro, en un ejercicio de la más alta pedagogía, replica que los argumentos apuestan por la violencia y la salida antidemocrática.

Sin embargo, el ejemplo más lamentable ha sido el comunicado firmado por la gerencia de PDVSA Gas Comunal para responder al conflicto desencadenado por sus trabajadores por la conquista de mejores salarios. En un texto digno del museo de la conspiranoia, los funcionarios esgrimen que dichas protestas son teledirigidas desde el Pentágono con el fin de “desestabilizar”, “mantener a  la población en un estado de zozobra permanente” y derrocar al primer mandatario. Es cierto que la estatal ha realizado diferentes esfuerzos por mantener la red de distribución de gas doméstico a precios solidarios, mediante un mayor involucramiento de sus usuarios. Estas iniciativas fueron adelantadas a partir de la estatización, en el año 2007, de diferentes empresas privadas. Y la prioridad durante este tiempo ha sido el garantizar el servicio manteniendo los precios bajos. No obstante, no ha existido el mismo énfasis para dignificar la situación de los trabajadores, los cuales desde diferentes partes del país han denunciado que su salario apenas sobrepasa el salario mínimo y que, a pesar de las promesas, aun no han discutido su contratación colectiva. Otro elemento a destacar es que su orfandad ha sido mayor tras el descabezamiento de sus organizaciones sindicales ocurrida tras la estatización. En consecuencia, para sus nuevos patrones las demandas no pueden tener otro origen, no hay sorpresas en esto, sino promover condiciones para un golpe de Estado.

Desde Provea hemos venido alertando sobre esta instrumentalización de los tristes hechos del año 2002. Cuando el gobierno pudo promover una Comisión de la Verdad, que transparentemente investigara los hechos y determinara responsabilidades, sus parlamentarios, en una sui generis alianza con la bancada opositora, obstaculizó la iniciativa hasta que pudo condenarla al olvido. A contracorriente construyó su propia versión de los hechos, novelesca y falseada, para utilizar la excusa golpista para neutralizar a los sectores opositores. Pero hoy, y los datos lo demuestran ampliamente, no son los militantes de estas organizaciones quienes convocan a movilizaciones. Quienes protestan hoy en el país son los sectores populares y los movimientos sociales exigiendo respuesta a sus demandas. Es bufo, pero también un insulto a la inteligencia, criminalizar a estos sectores bajo la acusación de la conspiración intergaláctica. Pero a pesar de que esta ficción polarizante ha venido perdiendo audiencia en diferentes sectores de la población, hay quienes continúan aceptándola como una explicación plausible de los hechos. La conflictividad en el país, ante el autismo de las autoridades estatales en todos sus niveles, va a aumentar. Y no porque Obama –o Provea- lo digan, sino porque la gente tiene derecho, aquí y ahora, a una vida con dignidad. La violación de cada una de las garantías expresadas en la Carta Magna, en cambio, sí constituyen un golpe cotidiano, silencioso y sistemático, contra la Constitución.

Rafael Uzcátegui
Coordinador del Area de Investigación de Provea